La travesía ilegal de los centroamericanos pobres que sueñan conseguir una nueva vida en Estados Unidos se parece, cada vez más, a una pesadilla. Sobre todo en territorio mexicano, el último tramo del camino. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CIDH) denunciará en su informe correspondiente al corriente año que fueron cerca de 20 mil los inmigrantes ilegales secuestrados durante 2010. Ayer, Honduras, Guatemala y El Salvador reclamaron al gobierno de Felipe Calderón que investigue la captura y desaparición de 50 ciudadanos de esos países en Oaxaca, al sur del país azteca, que viajaban indocumentados hacia la frontera estadounidense. Si bien a principio de semana el Ejecutivo desestimó el hecho de Oaxaca, ayer comenzó a reunir declaraciones para empezar a resolverlo.

El responsable de la oficina de atención a migrantes de la CIDH mexicana, Fernando Batista, dijo que la situación está peor que nunca. “La cifra visualiza un problema que sigue latente en el país y que, lejos de que se hayan tomado acciones para prevenir y procurar justicia, se advierte todo lo contrario”, remarcó a La Jornada de México. La cantidad aproximada de secuestros sucedidos en 2010 –figurará con exactitud cuando el organismo divulgue el informe– duplica a la correspondiente a 2009, cuando se registraron 9758 capturas.

El secuestro de medio centenar de inmigrantes en la localidad de Chahuites, Oaxaca, es el último caso del que tomó conocimiento la CIDH, a través de una denuncia que el gobierno de El Salvador radicó el martes ante el gobierno de México. Honduras y Guatemala se sumaron al reclamo rápidamente.

Personal de protección a los migrantes de la Cancillería salvadoreña tomó contacto con sobrevivientes de la captura a principios de semana y, a través de los testimonios, las autoridades consulares lograron reconstruir lo ocurrido en la madrugada del 16 de diciembre. Según los dichos, un grupo de hombres vestidos de negro, encapuchados, con machetes y armas de fuego frenó un tren de carga en el que viajaban varios inmigrantes ilegales rumbo a la frontera con Estados Unidos. Los obligaron a abandonar el transporte y a subir a dos camionetas, en las que los trasladaron hasta una casa. Una docena de personas logró escapar y llegar hasta un albergue ubicado a mitad de camino. Los testigos coincidieron en que los secuestrados llegan a ser cincuenta, entre los que se cuentan treinta niños de entre 11 y 16 años, aunque no pudieron especificar cuántas de las víctimas son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.

La versión coincide con la información recogida por la CNDH, que también dialogó con los inmigrantes refugiados en el albergue. Ayer, los ministerios de Relaciones Exteriores de los tres países exigieron de manera conjunta al Ejecutivo que investigue los hechos para “dar lo antes posible con el paradero de las personas secuestradas, se deduzcan responsabilidades y se castigue a los culpables”, para evitar que “este tipo de delitos vuelvan a ocurrir”, sostiene el documento.

La Cancillería de El Salvador en México recogió de sus agencias consulares que el hecho del 16 de diciembre se suma a otros seis de la misma naturaleza sucedidos durante 2010. El vicecanciller salvadoreño, Juan José García, detalló que según “en seis secuestros colectivos y 59 raptos individuales perpetrados por el delito organizado en el sur de México, han sido capturadas 103 salvadoreños en situación de inmigrantes ilegales”. Dentro de los secuestros colectivos ocurridos en México se contabiliza el que terminó en agosto pasado en la masacre de 72 migrantes, 14 de ellos salvadoreños, en Tamaulipas.

Para Honduras, el gobierno azteca tiene buenas intenciones, pero pocas acciones. En ese sentido opinó el canciller hondureño, Mario Canahuati: “No quiero hablar de complicidad (entre el crimen organizado y autoridades mexicanas), sino de falta de acciones que permiten que grupos delictivos como Los Zetas o Los Maras operen con éxito”.

El gobierno mexicano desestimó la denuncia que El Salvador radicó de manera individual el martes por carecer de sustento. Entonces, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, acusó a México de aumentar sus recursos para detener a inmigrantes en vez de perseguir a las bandas que los secuestran. Luego de rechazar las acusaciones, y recibir el alerta de la CNDH, el Ejecutivo azteca decidió iniciar la investigación, pero hasta ahora no reconoce oficialmente que se haya producido esa acción delictiva. El Instituto Nacional del Migrante se puso en contacto con los testigos y les ofreció refugio, mientras que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) comenzó a escuchar sus testimonios. Ante las historias, el titular de ese organismo, Salvador Beltrán del Río, vaticinó que “el móvil del secuestro podría ser la utilización de los indocumentados para mano de obra de los grupos de narcotráfico y crimen organizado”.