Más de mil niños fueron asesinados en los últimos tres años en el marco de la violencia entre las bandas del narcotráfico y las fuerzas de seguridad en México, denunció ayer la Organización No Gubernamental Red por los Derechos de la Infancia. Juan Martín Pérez, director de la ONG, denunció que de acuerdo con los registros de su organización, los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango son los que tuvieron el mayor número de “muertes colaterales”, como las define la policía federal, de personas menores de edad.

Pérez agregó que los crímenes de niños en medio de la violencia “están impunes, no hay un solo responsable por ello”. En Ciudad Juárez –estado de Nuevo León– y en Ciudad de México, “hasta un 70 por ciento de familias impide que los niños salgan a jugar por la inseguridad” que prevalece en el país, dijo Pérez. Mencionó que en Chihuahua, Sinaloa y Durango “tener de 15 a 17 años, y ser varón, te convierte en cinco veces más candidato a ser asesinado”, además de que estos adolescentes “no tienen acceso al bachillerato, o a un empleo”.

La organización humanitaria Amnistía Internacional en su informe sobre México consignó que siguieron los asesinatos de niñas en Ciudad Juárez, la localidad más violenta de ese país. Otra organización humanitaria con sede en Washington, Human Rights Watch!, instó en reiteradas veces al gobierno de Felipe Calderón a que tome medidas para garantizar que todas las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en el ámbito de la Justicia penal ordinaria.

Este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México concluyó que las autoridades militares cometieron serias irregularidades en una investigación sobre el asesinato de dos niños cometido por soldados. El ejército fue considerado culpable de las muertes de Brian y Martín Almanza, de 5 y 9 años, respectivamente, y de las heridas causadas a otros cinco niños en un incidente en Tamaulipas, el 3 de abril pasado. La comisión también señaló que los militares habían alterado la escena de los hechos.

El Ministerio de Educación Pública consideró que los padres de familia, maestros y autoridades “están obligados a coordinarse para evitar que los menores de edad sean víctimas de la inseguridad pública”. La dependencia divulgó reglas de operación del Programa Escuela Segura 2011, donde se observa que las 16 delegaciones del Distrito Federal son consideradas “de alto riesgo para los niños de preescolar, primaria y secundaria”.

Los asesinatos de niños representan la pieza de un rompecabezas mayor. Más de 30 mil personas perdieron la vida desde que Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), les declaró la guerra a los narcos en 2006. El mandatario involucró al ejército en su estrategia de lucha contra los carteles de la droga y militarizó los estados más conflictivos del país.

En este contexto, aumentaron las muertes de policías. Ayer, las autoridades reforzaron la seguridad en varios municipios del estado de Nuevo León, en el norte de México, después de que hombres armados asesinaran ayer a cuatro policías y a un médico en tres ataques simultáneos. “Los hechos marcan claramente las acciones de la delincuencia organizada, tratando de amedrentar y echar atrás las acciones contundentes que la autoridad ha emprendido para contrarrestar la violencia”, dijo el portavoz del gabinete de seguridad estatal, Jorge Domene.

Un grupo armado atacó con armas de alto poder y granadas un cuartel de la policía municipal de Monterrey, con un saldo de dos agentes y un médico adscripto a la demarcación muertos y cuatro policías heridos.

En el municipio de Guadalupe, sicarios asesinaron a balazos a una mujer policía después de que fuera bajada de su patrulla y luego ejecutaron a otro agente en la misma zona.

“De ninguna manera se permitirá que estos hechos logren su propósito”, agregó el portavoz después de una reunión de seguridad, al hacer referencia a los ataques. Domene dijo que entre las medidas que se están recomendando a los municipios está “el reforzamiento de sus instalaciones”. El vocero admitió que por el momento no hay detenidos en Monterrey, capital del estado de Nuevo León.