La flamante secretaria de Derechos Humanos de Brasil, María do Rosario, asumió la nada fácil tarea de desmantelar mentiras y descubrir verdades. La funcionaria se puso como desafío principal de su gestión la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. La iniciativa nació durante el último año de gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 3, que generó molestias en sectores de la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, nunca se logró avanzar en su concreción.

“El Estado brasileño tiene que rescatar su dignidad en relación con los muertos y desaparecidos en la dictadura. Como dijo la presidenta Dilma (Rousseff), no se trata de revanchismo”, resaltó Do Rosario. Durante el discurso que ofreció tras asumir en el cargo, instó al Congreso, en el que el oficialismo tiene amplia mayoría, a aprobar la formación de la Comisión de la Verdad. En ese sentido, reiteró que la propuesta no es una actitud de revancha sino de comprender que ninguna institución actual es contraria a la democracia.

“Las Fuerzas Armadas son parte de la consolidación democrática”, precisó en la sesión, en la que estuvo presente el ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien durante la gestión de Da Silva manifestó su oposición a la creación de la Comisión de la Verdad. Jobim continuará en el cargo de titular de Defensa en el gobierno de Rousseff. En diciembre de 2009, la cúpula militar amenazó con renunciar si el gobierno petista encaminaba un proyecto que pudiera desembocar en la apertura de investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

La secretaria de Derechos Humanos consideró que la creación de la Comisión de la Verdad es una manera de responder tanto a las demandas del pueblo brasileño, como a las que surgieron alrededor del mundo respecto del tema. Así, convocó a todas las instancias del Estado a cumplir los requerimientos aconsejados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco menos de un mes denunció al país por los desaparecidos durante la guerrilla de Araguaia, que combatió la dictadura en los ’70 en la selva amazónica.

La funcionaria se refirió así a la Ley de Amnistía de 1979, que permitió la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura militar, con 400 personas entre muertos y desaparecidos, ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010, en oposición a los preceptos de los organismos internacionales de derechos humanos. Entre esos crímenes se inscriben los de la Araguaia.

“Pasados casi 50 años del inicio del período dictatorial en Brasil, debemos comportarnos con objetividad. Debemos enfrentar estas cuestiones para una consciente vuelta de página”, concluyó la flamante secretaria. Rousseff dijo al asumir que no tenía “arrepentimiento ni rencor”, e invitó al cóctel posterior a la investidura a 11 ex compañeras de prisión.