Desde Brasilia

Corrían los primeros días del otoño de 1964, vísperas del golpe militar brasileño, cuando una estudiante secundaria, María, debatía con sus compañeros sobre cómo organizar un movimiento revolucionario apoyado por las masas. Con ese diálogo arrancó Amor y revolución, la primera telenovela inspirada en la dictadura, un tema hasta ahora virtualmente proscripto en los medios brasileños, cuya heroína María evoca desde la ficción la juventud de la presidenta Dilma Rousseff, quien ayer cumplió 100 días en el poder volando hacia China, donde hoy iniciaba su primera visita de Estado.

El balance de este tramo inicial del gobierno en materia de derechos humanos es bueno. “Se le dio impulso a la Comisión de la Verdad, parece que en ese tema Dilma llegó con más voluntad política que Lula y quiere hacerla realidad, necesitamos que los jóvenes sepan que la dictadura eliminó a los que la enfrentaron”, ponderó Laura Petit da Silva, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos.

Aunque cien días significan nada para evaluar a un gobierno que se prolongará durante 1460 –hasta el 1º de enero de 2014 cuando se cumplirán 50 años del golpe–, es un plazo razonable para identificar algunas claves.

Dilma situó a los derechos humanos, en particular a la Comisión de la Verdad, entre una de sus prioridades, no la primera, y hasta es posible que se tornen pivote de una batalla cultural/simbólica en un país sometido a la amnesia de Estado, donde hasta hoy el dictador Humberto Castelo Branco, jefe de la sedición del ’64, da nombre a decenas de avenidas.

No será un combate sencillo para la ex guerrillera Rousseff: en sólo tres meses ya debió hacer frente a la insubordinación de dos generales, uno de ellos ministro de su gabinete, exégetas de los años de plomo.

El martes pasado, cuando el melodrama Amor y Revolución mostraba a millones de televidentes el asesinato de estudiantes a manos de militares, Rousseff omitió hablar de la mencionada Comisión para no irritar a los jefes de la Fuerzas Armadas que la condecoraron en una fría ceremonia.

Ex presa política y divorciada, Rousseff probablemente es vista con antipatía por buena parte de la corporación militar, la cual aún se resiste a liberar los archivos de la represión bajo el argumento inverosímil de que fueron quemados.

Si en el plano doméstico los derechos humanos tuvieron peso, en el externo fueron una de las banderas insignia de los primeros 100 días de la presidenta. Por ello en su breve viaje a Buenos Aires, 31 días después de tomar posesión del cargo, hizo un lugar en su agenda para recibir a las Madres de Madres de Plaza de Mayo, a quienes considera un ejemplo en la defensa de los derechos humanos.

Y fue invocando ese principio que deploró la situación de las mujeres en Irán, posición que alteró el rumbo fijado por la diplomacia de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, mentor de un estrecho vínculo con Teherán a pesar del disgusto de Barack Obama y la furia de la secretaria de Estado Hillary Clinton.

Decir que el romance entre Dilma y Obama, quien desembarcó en Brasilia cuando se habían cumplido sólo 78 días de la flamante administración, representa una ruptura con el legado de Lula, es ignorar que el ex presidente y su sucesora están vinculados umbilicalmente a un proyecto de poder de largo plazo.

Claro que la agenda de derechos humanos resultó funcional en la estrategia de Dilma para seducir a la Casa Blanca, y fue en ese contexto que ella desistió de confirmar en su cargo el ex canciller Celso Amorim, principal gestor de la aproximación con Irán, quien desaconsejaba denunciar en la ONU la lapidación de las mujeres iraníes.

A poco de asumir como jefe del Palacio Itamaraty, el canciller Antonio Patriota revisó algunos postulados de Amorim y propuso, junto a Washington, que la ONU envíe un relator sobre derechos humanos a Irán.

Pero a pesar de los nuevos vientos que soplan en la diplomacia “dilmista” Patriota discrepó con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA luego de que ésta saliera en defensa de los indígenas de la amazonia brasileña; una polémica que puede ser el preludio de otra más seria en torno de la Ley de Amnistía promulgada por la dictadura para obstruir que los militares sean juzgados. Si Rousseff no acata la decisión de la OEA y anula la amnistía militar, puede perder legitimidad su discurso internacional sobre los derechos humanos.