El Tribunal Supremo español sumó una nueva complicación a la vida pública del juez Baltasar Garzón. La máxima autoridad de Justicia dio lugar a la querella de uno de los acusados en el caso Gürtel, una investigación que tuvo revuelo público por implicar a funcionarios del Partido Popular español en actos de corrupción. El afamado magistrado que desarticuló la trama será juzgado antes que los sospechados. Garzón se enfrenta a una combinación de los delitos de prevaricato y violación de las garantías de la intimidad, por los que puede llegar a quedar inhabilitado durante 20 años. En mayo del año pasado fue acusado de prevaricato por haberse declarado competente en la investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo. El nuevo juicio se suma, además, a la tercera causa en la que el juez está acusado por cohecho y sobre la que la autoridad judicial aún no se expidió.

En febrero de 2009 y aún en funciones en la Audiencia Nacional –de donde fue suspendido–, Garzón comenzó a investigar una red de corrupción que presuntamente involucraba a miembros del PP. Según sus conclusiones, el ex responsable de actos públicos del PP durante el gobierno de José María Aznar, Francisco Correa, y tres destacados miembros del partido conservador conformaron una estructura empresaria fantasma a través de la que desviaban fondos de entidades públicas españolas. Para que la red pudiera completarse, Correa y sus cómplices adornaron con sobornos y dádivas a varios funcionarios de la administración Aznar y gerentes de empresas de punta del país.

Garzón basó la investigación y sus conclusiones en una serie de intervenciones a diálogos telefónicos entre empresarios y funcionarios involucrados en la causa y sus abogados defensores. Tales escuchas fueron la base de la querella que Ignacio Peláez, abogado de un empresario de la construcción detenido por haber participado de la red corrupta, presentó ante el Tribunal Supremo, en la que acusó al juez de prevaricato y atentado a la garantía de intimidad.

Según la Fiscalía del Tribunal Supremo, la querella de Peláez es un disparate. El diario El País informó que la última vez que se pronunció al respecto, el ministerio público español calificó de “fraude de ley” la presentación judicial y pidió que el Supremo la deje sin efecto, sin obtener éxito. “Garzón buscaba obtener información de relevancia que no tenía seguridad de poder obtener mediante medios lícitos, por lo que decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales”, remarcó tajante el juez instructor en esta instancia, Alberto Barreiro, en la resolución con la que ordenó el inicio de un juicio oral. Y añadió: “Estas conversaciones (las intervenidas) no tenían otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa”. El instructor considera que el acceso de Garzón a estos datos confidenciales le proporcionaban un dominio completo de la evolución de la causa.