La Ley de Caducidad tiene las horas contadas. El Senado uruguayo votará hoy el proyecto interpretativo que deja sin efecto la norma que impide el juzgamiento de los represores que actuaron durante la dictadura que gobernó el país entre 1975 y 1983. Si se aprueba, como se prevé, la iniciativa deberá pasar por la Cámara de Diputados para que la ratifique. Desde el gobernante Frente Amplio (FA) esperan que el trámite haya terminado para mayo.

La anulación de la Ley de Caducidad es una vieja y querida bandera para los organismos de derechos humanos y para la mayoría de los sectores que integran el FA. De hecho, la coalición lleven su plataforma de gobierno la propuesta de extirpar esa norma del ordenamiento jurídico uruguayo. Sin embargo, durante varios meses, varios frenteamplistas vieron cómo el consenso para avanzar en ese camino se les escapaba de las manos. En octubre de 2010, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto interpretativo presentado por el FA. Pero desde entonces la iniciativa quedó trabada en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a anular la ley aprobada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos.

Después de meses de negociaciones, el FA llegó en marzo a un acuerdo. Los parlamentarios díscolos Eleuterio Fernández Huidobro y Rodolfo Nin Novoa se atendrán a la disciplina partidaria y votarán hoy a favor del proyecto interpretativo. El senador Jorge Saravia, que mantuvo su férrea oposición al proyecto, saldrá de la sala y será reemplazado por su suplente Gustavo Guarino, que sí quiere terminar con la Ley de Caducidad.

La sesión está convocada para las 9 de hoy. Por el FA hablará como miembro informante el senador Oscar López Goldaracena, importante jurista y militante de derechos humanos. “Es una alta responsabilidad, por un lado. Por el otro, estaba recordando que antes de que se aprobara la ley ya habíamos publicado un ensayo, en el cual señalábamos que no se podía dictar este tipo de ley. Tengo sentimientos muy especiales”, reconoció ayer a Página/12 el integrante del Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. El miembro informante del Partido Nacional será el senador Francisco Gallinal. “Nosotros creemos que el proyecto de ley que el FA trae a consideración, más que cerrar, lamentablemente reabre instancias muy duras y muy dolorosas para la vida del país”, se quejó el parlamentario blanco ante la prensa uruguaya mientras evocaba el conocido Pacto del Club Naval, un acuerdo alcanzado en 1984 por las principales fuerzas políticas uruguayas y los militares en el poder, que permitió la apertura democrática en la república oriental. Recurrentemente, cuando los políticos nacionalistas tienen que explicar su apego a la Ley de Caducidad, se refieren al Pacto del Club Naval, ya que los blancos dicen que allí se acordó implícitamente no avanzar en las condenas por violaciones a los derechos humanos.

Los militares retirados, los principales damnificados cuando se anule la ley que los beneficiaba, hace tiempo que pusieron el grito en el cielo. A mediados de marzo, los centros de militares hicieron una presentación ante la Suprema Corte de Justicia para que paralice los procesos contra los represores. Al no obtener respuesta, advirtieron que preparan una ofensiva ante tribunales internacionales, a los que acudirán por una supuesta falta de garantías procesales y porque, según ellos, los delitos ya están prescriptos (ver recuadro).

Días atrás, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su fallo en el “caso Gelman” dejó en claro que la Ley de Caducidad debe ser dejada sin efecto para que las víctimas puedan obtener justicia. Pero, además, los jueces remarcaron que los delitos de lesa humanidad no prescriben. “En el régimen de persecución y castigo de crímenes de lesa humanidad, no se puede invocar la cosa juzgada ni la prescripción cuando se trata de sustraer a indagados del actuar de la Justicia”, agregó por su parte López Goldaracena.

Los organismos de derechos humanos saben que el logro obtenido ante la CIDH es importante. Pero falta mucho camino por recorrer. Ahora van por la anulación de la Ley de Caducidad. Por eso, desde las 9.30, algunos ingresarán al Parlamento, mientras que el resto se quedará afuera del Palacio Legislativo. Desde allí, seguirán a través de una pantalla gigante la sesión. “Porque el fin de la impunidad en Uruguay es un compromiso de todos, y porque somos todos iguales ante la ley, vamos a rodear el Palacio Legislativo”, dijeron desde la Mesa Permanente contra la Impunidad, que integran los organismos y la central obrera PIT-CNT, entre otros.

Informe: Luciana Bertoia.