Bolivia intentaba volver a la calma tras el conflicto que generó más de 30 muertos en dos días de estallido social. De fondo, el luto por las víctimas, y en el centro, la discordia política: mientras el gobierno acusó a sus oponentes de una intentona golpista, la oposición en el Congreso, encabezada por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, pidió un juicio de responsabilidad al gobierno que preside Gonzalo Sánchez de Lozada por los 33 muertos y 173 heridos. A su vez la Central de Obreros Boliviana (COB) anunció nuevas movilizaciones y una huelga para el lunes y martes, además de otra sin fecha por tiempo indefinido.
La ciudad de La Paz, principal foco de los enfrentamientos, amaneció ayer con el restablecimiento de las actividades cotidianas en los comercios, bancos e instituciones públicas. Pero el tráfico en el centro de la ciudad fue interrumpido durante varias horas por el paso de los cortejos fúnebres de nueve policías y un civil muertos el miércoles durante la primera fase del conflicto desatado por un proyecto de ley de presupuesto que incluía el impuesto al salario del 12,5 por ciento -medida en que el Ejecutivo luego dio marcha atrás–. Aludiendo a esa jornada, el portavoz presidencial Mauricio Antezana sostuvo ayer que las autoridades constataron, tras realizar “una cuidadosa y detenida evaluación” de los hechos, que se produjo un intento de golpe de Estado. Según Antezana, la acción antidemocrática tuvo lugar en el segundo de los tres momentos de máxima violencia registrados el miércoles en el combate armado entre policías amotinados y militares, cuando francotiradores no identificados dispararon contra el Palacio de Gobierno. El portavoz oficial denunció la existencia de “una conspiración” que se materializó con los disparos contra la sede gubernamental, aunque admitió que todavía se desconoce quién estaría detrás de ese hecho. Sánchez de Lozada realizaría cambios en su gabinete ministerial cuando se pacifique el país, luego de las dos jornadas de violentos enfrentamientos entre manifestantes y soldados, que dejaron un saldo de 33 muertos y 173 heridos, según informó ayer el diario local La Prensa. También ayer, en Cochabamba se registró un atentado con artefacto explosivo con un saldo de siete soldados heridos, en las proximidades de un puente de la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz que los campesinos, liderados por el diputado socialista Evo Morales, estaban bloqueando para exigir la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Por otro lado, la COB convocó a movilizarse. En medio de pedidos de la oposición para que Sánchez de Lozada dimita, a apenas seis meses de su asunción, la oposición anunció la instalación de un juicio de responsabilidades al mandatario por la espiral de violencia social en los últimos días. La populista Nueva Fuerza Republicana (NFR), que controla 22 de los 157 escaños del Congreso, y el Movimiento Al Socialismo (MAS), que ocupa 36, radicarán el trámite en el despacho del vicepresidente Carlos Mesa, a su vez presidente del Congreso. El proceso implica también al Gabinete de ministros. El juicio de responsabilidades apunta “al esclarecimiento total de estos hechos” afirmó el diputado de la NFR, Roberto Fernández. La propuesta acusatoria será presentada el próximo martes y luego de ser considerada por una comisión será sometida a una vuelta de aceptación o rechazo parlamentario. La mayoría oficialista controla el Congreso bicameral boliviano, pero de modo precario.