Por Mabel Azcui *
Desde Cochabamba

En seis meses de gobierno, el presidente Sánchez de Lozada ha afrontado difíciles situaciones, tan graves como el enfrentamiento armado entre policías y militares, derivadas de un largo y desesperado descontento social por el creciente desempleo, la pobreza que afecta a un 80 por ciento de la población, y la cínica corrupción de la clase política que se ha enriquecido en la administración pública. Las expresiones de protesta de los productores de hoja de coca –que ha aportado el mayor número de muertos y heridos en los conflictos–, que no se resignan a perder todos sus cultivos, las dramáticas caminatas de ancianos por el altiplano, los bloqueos indígenas y las marchas de obreros, han sido una característica del devenir boliviano de los últimos años que, por crónica, asume acciones cada vez más desesperadas y extremas.
Del otro lado, está la dramática dependencia del Estado boliviano a la ayuda financiera internacional y al cumplimiento de programas de ajuste. El detonante de esta última expresión de violencia y caos fue un anunciado impuesto al salario que el gobierno se apresuró a retirar ante la reacción de la población y de instituciones como la policía que, inusitadamente, izó la bandera de tal reivindicación, adelantándose incluso a la Central Obrera Boliviana. “El gobierno ha quedado inmovilizado, porque no tiene la capacidad de emitir políticas económicas, y su inmediato desafío es buscar medidas aplicables a la situación boliviana”, dijo la politóloga María Teresa Zegad, después de señalar que la política macroeconómica diseñada, y técnicamente aceptable, no considera las necesidades reales de la población boliviana. Esta situación, que ha obligado al gobierno a retirar otra medida anunciada para desdolarizar el sistema económico, está mostrando a la sociedad civil y a algunas agrupaciones políticas que las presiones callejeras resultan eficaces para rechazar acciones gubernamentales que dañen o contraríen sus intereses. El ámbito del Parlamento, donde supuestamente debiera discutirse la viabilidad de las políticas económicas propuestas por el Ejecutivo, ha quedado restringido a las acciones oficialistas. La oposición, y dentro de ella la representación de los pueblos originarios mayoritarios del país, no ha logrado que las Cámaras consideren proyecto alguno presentado por sus parlamentarios y empuja también a volver a las calles para conseguir sus objetivos. El único camino de solución señalado por todos es el diálogo pero, aunque se instalan mesas, los resultados son magros por la falta de voluntad política de todas las partes de establecer justamente un auténtico diálogo.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.