Desde Santiago

El 11 de septiembre de 1973 el presidente Salvador Allende llegó temprano a La Moneda. Ya sabía que los altos mandos militares planeaban llevar adelante un golpe de Estado, sin embargo tal situación no afectó su rutina diaria. Tranquilo, reunió a sus colaboradores –incluidas dos de sus hijas– y a su leal escolta presidencial, y les dijo: “De La Moneda me sacan muerto, ni rendido ni exiliado”.

Y así fue. Tras diversos ofrecimientos de Augusto Pinochet para que Allende dimitiera o tomara un avión al extranjero –que el “presidente del pueblo” rechazó de plano–, la Fuerza Aérea comenzó un brutal bombardeo al palacio presidencial chileno. Allí, fusil en mano, Allende combatió a los milicos sublevados. Cuando el ataque se hizo insostenible, el presidente ordenó evacuar a las mujeres y los hombres que no estaban en condiciones de luchar, se devolvió a uno de los salones de La Moneda y se quitó la vida con una metralleta que le había regalado Fidel Castro. Hecho refrendado más tarde por miembros de su guardia y médicos personales.

Esta versión de los hechos es la que llevó a la familia Allende a sostener la tesis del suicidio, más allá de que nunca hubo una investigación científica concluyente, lo que ha permitido a varios especular con que realmente no hubo suicidio.

El juez Mario Carroza –quien lleva adelante la investigación para esclarecer las causas del deceso del mandatario– ordenó ayer al Servicio Médico Legal realizar la exhumación del cuerpo de Salvador Allende desde el Cementerio General de Santiago. El pasado martes, la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex mandatario, había solicitado al magistrado esta pericia que, “por muy doloroso que sea el proceso”, apunta a tener certeza jurídica de lo ocurrido por sobre lo que el círculo más íntimo de los Allende cree y defiende.

La acción, que tiene como plazo máximo el 15 de mayo, busca establecer si el ex líder socialista se quitó la vida o fue ejecutado por terceros.

El escritor y periodista Camilo Taufic es uno de los que sostienen que Allende se disparó en la cabeza con una pistola, pero no murió, razón por la cual un asesor personal (Enrique Huerta) debió darle el tiro de gracia, en un gesto humanitario y político.

Esta visión de los hechos fue refutada por Juan Seoane, ex líder de los efectivos de Investigaciones que protegían La Moneda. “No hay ninguna posibilidad de que el señor Huerta haya cometido ese homicidio o ayudado a morir al presidente, porque él estaba junto con nosotros en la antesala de ese lugar”, dijo a medios locales.

En ese escenario, la abogada de la familia Pamela Pereira sostuvo que este proceso “será la prueba determinante para esclarecer absolutamente la causa de su muerte”. La jurista desconfía además de la primera autopsia que se le practicó a Allende en el Hospital Militar, toda vez que “al lado de los médicos había agentes militares y se realizó en un espacio que no tenía instrumentos ni capacidades para realizar una autopsia. No podemos tener certeza ni por las condiciones en que se realizó ni por el contexto de violencia extrema de la época. Además, a la familia nunca se le permitió ver el cadáver”, señaló. Pereira aseguró además que los análisis a los restos de Salvador Allende serán efectuados por un equipo multidisciplinario de peritos, para evitar suspicacias.

Desde el gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo que “los países tienen que avanzar intentando dejar la menor incertidumbre que sea posible en su historia”. El ministro comprometió toda la ayuda de la administración de Sebastián Piñera para que las pericias se realicen con la mayor celeridad posible. “Brindaremos todos los recursos necesarios para que el proceso de exhumación del ex presidente Salvador Allende se haga con todos los recursos técnicos y profesionales que se requieran para que la diligencia se efectúe al mejor nivel”, aseguró.

En tanto, la ministra subrogante Gloria Ana Chevesich indicó que aún está pendiente si admite la querella por homicidio calificado interpuesta por el Movimiento Socialista Allendista. A juicio de Isabel Allende, “internacionalmente para el país es muy importante llegar a esa certeza y verdad jurídica. No se trata de un proceso fácil, porque estamos reviviendo grandes sufrimientos, pero estamos igual y absolutamente disponibles para colaborar con esta verdad que el país necesita”.