El pueblo ecuatoriano respaldó la intención del gobierno del presidente Rafael Correa de modificar algunos puntos de la Constitución, del Código Penal y aspectos relativos a la Justicia y los medios de comunicación. Los resultados parciales del plesbicito reflejan un triunfo oficialista de entre dos y siete puntos en las diez preguntas que lo conformaron. Sin embargo, esa victoria resultó ser más ajustada de lo pronosticado por un conteo rápido el sábado, lo que obliga a esperar el escrutinio total.

“Se ha dado un paso trascendental en paz, en democracia, para la patria nueva. El que ha triunfado ha sido el pueblo ecuatoriano, la verdad”, dijo ayer el presidente Correa. El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó entre el 46 y el 49 por ciento de los sufragios a su campaña por el “Sí” y entre el 40 y el 44 por ciento al “No” –contabilizado el 35 por ciento de las actas al cierre de esta edición–. “Los resultados están confirmándose”, explicitó el titular del CNE, Omar Simón, previo a recordar que el margen de error para las reformas planteadas por Correa no supera el 0,5 por ciento. Los datos finales podrían demorar días, informó el CNE.

La consulta contó con diez preguntas. La mitad de las iniciativas implicaban cambios en el texto de la Constitución. El resto, debate y definiciones de la Asamblea Nacional. Dos de las preguntas buscan modificar el área de los medios. Por un lado, el Ejecutivo propuso cambiar el artículo 312 de la ley de leyes para prohibir que las empresas del ámbito financiero privado o comunicacional tengan participación accionaria en sectores privados de otra índole. El punto obtenía el apoyo del 46,2 por ciento del electorado y el rechazo del 43,3 por ciento.

Correa se refirió a esta iniciativa en particular, sobre la que aseguró: “No es sano para la sociedad. Aquí, el Grupo Isaías fue el que más estafó al Estado con una deuda de 600 millones de dólares. Sus dueños crearon un emporio de 200 empresas, bancos, ingenios, haciendas y compró este canal (GamaTV, al que brindó las declaraciones) no para informar, sino para defender sus negocios. Hoy, sus propietarios viven prófugos en Miami”.

En otro punto, el plebiscito consultó sobre el hecho de instar a la Asamblea Nacional legislativa a expedir una Ley de Comunicación a través de la que se cree un consejo de regulación que preste atención a los contenidos que se difunden en la radio, la televisión y la prensa escrita. Según la pregunta, la idea es regular la publicación de “mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios”, por un lado. El organismo, además, establecería criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores y medios emisores. La respuesta del pueblo ecuatoriano a este punto es una de las menos definitorias ya que, al cierre de esta edición, el 44 por ciento de los ecuatorianos estuvo de acuerdo, mientras que el 43,5 se expresó en contra.

En este sentido, el mandatario remarcó la utilización política de los medios y de la información que difunden: “Lo que usted cree de mí lo escucha de estos medios, y si usted no vive aquí, yo soy un dictador, autoritario, déspota, que el que me mira mal lo meto preso. Debería vivir aquí para saber lo que es la prensa de Latinoamérica, aquí mentir es libertad de expresión”, sostuvo.

Nueve de las diez reformas planteadas por Correa recibieron un apoyo que oscila entre 46,4 y 49,9 por ciento, escrutado el 35 por ciento de las actas. El respaldo al “No” fluctúa de 40 a 44 por ciento. La oposición anoche guardaba algún dejo de esperanza. “El autoritarismo siempre es transitorio, las fuerzas democráticas terminarán triunfando”, manifestó a la cadena de noticias Telesur el ex ministro Gustavo Larrea, que lidera el frente opositor. Los titulares de la prensa se centraron en destacar el reducido margen de diferencia entre el “Sí” y el “No” al referéndum, e incluso decidieron destacar los pocos sitios en los que el “No” fue superior, negando los resultados a nivel nacional.

El resto de las consultas del referéndum apuntan a reformar la Justicia y el Código Penal. Entre las propuestas figura la modificación de la Constitución para sustituir al Consejo de la Judicatura por uno de transición conformado por tres miembros representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de la Función de Transparencia y Control Social que, en un plazo de 18 meses, deberá reestructurar la función judicial de esa institución. La modificación de los plazos de la prisión preventiva y la reducción del abanico de situaciones en las que se permitiría la sustitución de la prisión preventiva son los otros dos proyectos que implican enmiendas en la Constitución. El primero fue el que reflejó la mayoría de apoyo al gobierno, con una ventaja levemente mayor a los nueve puntos.

Las preguntas no vinculantes refieren a la tipificación del enriquecimiento privado no justificado como un delito en el Código Penal, la multa por infracción penal a aquellos empleadores que no registren a sus empleados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; la prohibición de los casinos y las salas de juego y de los espectáculos que integren la muerte de animales.