La Mesa Política del Frente Amplio (FA) prevé llamar hoy a la realización de un plenario, órgano máximo de la dirección, seguramente para el sábado, a fin de volver a discutir la Ley de Caducidad. Esto se produce en momentos en que el Ejecutivo uruguayo presiona a los diputados oficialistas para que no aprueben el proyecto que deja sin efecto esa norma. La presión está haciendo sus efectos, ya que dos diputados frenteamplistas dijeron que no respaldarán la iniciativa. Y no es poco: sin esos votos se vuelve incierta la anulación de una ley que impide que se juzgue a los uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos. La Cámara baja tiene previsto votar la anulación de la caducidad el 19 de mayo, pero la opinión contraria del presidente José Mujica forzó a la alianza política de centroizquierda a volver a abrir una discusión que parecía zanjada. Mujica dijo a los diputados del FA que iba a ser “dañino” para la coalición gobernante insistir con la anulación de la norma. De hecho, remitió una carta al presidente de la coalición, Jorge Brovetto, en la que dejó en claro su posición. “No hay argumento entendible que nos pueda defender ante las futuras andanadas de la derecha. Les hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos decapite”, dijo el mandatario, un ex guerrillero tupamaro que estuvo 13 años preso durante la dictadura. El proyecto interpretativo cuenta desde el 12 de abril con media sanción de la Cámara alta. El plenario dio mandato a los legisladores frenteamplistas a votar tanto en Senadores como en Diputados por la anulación de la caducidad, por lo que sólo este órgano puede avalar ahora un cambio de posición.

Si los dos diputados Víctor Semproni y Gonzalo Mujica cumplen la amenaza de no apoyar el proyecto, el oficialismo se queda sin mayoría para aprobarlo. De un total de 99 escaños, el Frente Amplio cuenta con 50 y 49 lo ocupan los partidos blanco y colorado, ambos históricos opositores de la iniciativa. La oposición en pleno ya dijo que va a rechazar el proyecto, argumentando que vulnera la soberanía popular. La Ley de Caducidad, aprobada en 1986, fue ratificada en dos referéndum en 1989 y en 2009. Sin embargo, lo que apuró los tiempos políticos en el país vecino fue el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado uruguayo por la desaparición, en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Ayer, uno de los principales impulsores del proyecto interpretativo, Oscar López Goldaracena, dijo que “abandonará la militancia política en lo inmediato” si no se aprueba la anulación de la norma. López Goldaracena dijo también que estudiará su permanencia en el Frente Amplio si eso sucediera. “El alejamiento del FA no está resuelto aún, en su momento lo voy a evaluar”, manifestó según citó el diario El País.

Así las cosas, sectores afines a Mujica y al vicepresidente Danilo Astori plantean la posibilidad de presentar un proyecto alternativo que derogue, en vez de anular la norma. “Es muy poco vulnerable desde el punto de vista jurídico. Derogar no es inconstitucional”, dijo el José Korzeniak, quien tuvo participación en el diseño de la propuesta. “Las bases están conversadas”, reconoció Korzeniak al periódico La República.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) –espacio al que pertenece Mujica y los dos diputados que se alinearon con él– y Asamblea Uruguay (AU) son favorables a un proyecto alternativo. En cambio, los partidos Comunista, Socialista y Nuevo Espacio se mantienen firmes para la anulación, en tanto la Vertiente Artiguista, del ex intendente de Montevideo Mariano Arana, sugirió llamar a un tercero y definitivo referéndum. El nuevo proyecto que deroga la norma será presentado en el nuevo plenario. Los próximos días serán claves para el Frente Amplio y para Uruguay.