Lejos de ser un hecho aislado, el sanguinario asesinato de 27 campesinos por el narcotráfico organizado en una finca al norte de Guatemala hace poco más de una semana es una fotografía de la realidad que atraviesa a ese territorio caribeño de punta a punta. Seis clanes familiares que trabajan en el transporte de cocaína, marihuana y otras drogas hacia el norte del continente controlan, desde hace más de 20 años, el 60 por ciento del país, a cuya población satisfacen con educación, salud y seguridad. Los carteles locales convivieron en paz hasta que dos de los grupos organizados más violentos de México, Los Zetas y Sinaloa, avanzaron sobre el terreno a fuerza de secuestros, asesinatos y terror para cooptar el tesoro que manejan: entre 2 y 3 mil millones de dólares al año. El Estado, parapetado en un rincón, reconoce que no tiene la fuerza suficiente para resolver el problema y acudió a la región.

Luego de la última gran masacre que sacudió al país, el presidente Alvaro Colom decretó el Estado de sitio por 60 días en Petén, escenario del múltiple asesinato, una medida que ya había implementado sin éxito entre diciembre y febrero. El martes, intervino uno de los principales puertos del país. Ayer se reconoció derrotado. “Guatemala está bajo una severa agresión” del narcotráfico, que se ha globalizado. Es necesario emprender una estrategia de lucha regional contra ese flagelo”, apuntó en su programa televisivo diario. Allí, sin embargo, sólo hizo referencia al cartel mexicano de Los Zetas, en tanto responsables del asesinato de los campesinos. Pero nada dijo de los grupos locales.

En la cadena productiva de sustancias ilegales instalada en América, Guatemala ocupa el secundario rol del transporte. “Para llegar desde Colombia, el principal productor, a Estados Unidos, el principal y prácticamente único mercado de consumo, los cargamentos de marihuana, cocaína, heroína y sustancias denominadas ‘de corte’ tienen que pasar indefectiblemente por Guatemala”, explica a Página/12 el académico experto en seguridad y narcotráfico Miguel Castillo.

El negocio de las drogas, tan veloz para expandirse como para generar y multiplicar riqueza, sedujo a varias familias tradicionales del país que, en la década del ’80 abandonaron la agricultura y ganadería e hicieron del transporte de drogas su imperio de sustento y poder, cuyas dimensiones en el país son impresionantes. La actividad que se reparten les deja ganancias por entre 2 y 3 mil millones de dólares, un monto igual al total de las exportaciones de esa nación durante 2010.

Son seis los clanes que comparten ordenadamente el transporte de sustancias de consumo ilegal en Guatemala. La familia Lorenzana, que acapara la frontera con Honduras; los Mendoza, que cubren el límite este con México, y los Chamalé, que hacen lo mismo hacia el oeste, abrieron el juego. Unos años después, se afianzaron los Zarpeño en la costa central del Pacífico, y las familias Overdick y Turcios se dividieron el centro del país. Entre todos controlan el 60 por ciento del territorio guatemalteco.

Pero cuando se habla de control, no se habla sólo del lleva y trae de lo prohibido. En la década de los ’90, los cárteles guatemaltecos notaron que podían utilizar tanto el poder que acumulaban sin cesar como la siempre creciente riqueza que producían para profesionalizar su actividad. “Para que el negocio funcione, los carteles necesitan tener una buena relación con la comunidad en la que están inmersas. Necesitan de su confianza y su reconocimiento. Se dieron cuenta de que lo que debían generar en sus conciudadanos era condescendencia y dependencia. No miedo”, explicó Castillo.

La pobreza en la que el neoliberalismo sumió al país y los huecos que el Estado fue dejando abiertos en la malla social –educación, asistencia social– permitieron que los carteles se convirtieran en estados paralelos: “Construyeron escuelas y hospitales, contrataron maestros, doctores y hasta dirigen una especie de ejército paramilitar que vela por la seguridad de los vecinos. El pueblo los respeta y hasta los aprecia por eso. Para las comunidades, son narcos buenos”, concluyó el guatemalteco.

“Son pacíficos. Sólo ejercen violencia hacia adentro, es su manera de evitar los sublevamientos que suelen darse en esta clase de grupos”, añadió el experto. La coordinadora de la organización de defensa de derechos humanos guatemalteca Grupo de Apoyo, Karla Campos, disiente en este punto: “No son pacíficos. Manejan un grado de violencia inusual en el criminal común (ver recuadro), muy similar al de la tribu de las maras. Pero el mayor problema es que se los naturalizó. El narcotráfico en Guatemala está legalizado de hecho y se volverá el problema más grave del país sobre todo porque la gente internalizó que son buenos”.

En 2002, el líder de los Mendoza contrató a sicarios del cartel mexicano Los Zetas para que asesinara a un número dos que quería hacer un “golpe de Estado”. Los Zetas cumplieron con la tarea, mas nunca abandonaron Guatemala y su prolífico mercado de transporte. Tras ellos, empujados por una cada vez más severa política antinarcotráfico de México, llegó el cartel de Sinaloa, sanguinario tanto en su tierra como en la buscada para conquistar. Si bien no operan en un solo lugar en Guatemala, sus apariciones y acciones violentas son cada vez más constantes. Sin ir más lejos, el gobierno atribuyó a Los Zetas la masacre de Petén.