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El flamante ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, deberá nadar en un caldo de sospechas que pesan sobre la Armada, investigada desde el año pasado por hechos de corrupción. Ayer se confirmó que un oficial de esa fuerza quedó a disposición de la Justicia penal y militar por un incendio que estuvo a punto de destruir archivos militares a punto de desclasificarse. Al parecer, el incendio habría sido intencional. Aunque no se conoce el resultado de las pericias, se supo que el fuego que se desató el miércoles pasado en el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (Secon) comenzó en un local separado por secciones, en el que funcionaba un depósito de material de limpieza. Allí se encontraba material de oficina y viejos archivadores, que guardaban documentos de más de 10 años de antigüedad, a la espera de su disposición final. El comandante de la Armada, Alberto Caramés, ordenó el inicio de una investigación administrativa.

Tras extinguir las llamas, las primeras pesquisas determinaron que los expedientes, expuestos a la acción del fuego fueron apenas afectados y estaban en perfecto estado de lectura. A causa del incendio, que afectó principalmente la zona del subsuelo donde se encuentra el archivo, fue necesaria la evacuación de unos 40 funcionarios del Secon. En un comunicado difundido ayer, la Armada señaló que la decisión de poner a disposición al oficial uruguayo fue una medida tomada después de encontrar claros indicios y eventuales sospechas de responsabilidad e intencionalidad. El militar investigado pertenece a la dotación del Secon, pero su nombre y rango fueron guardados bajo estricta reserva. “La institución realizó una rápida investigación administrativa preliminar que permitió obtener indicios suficientes para derivar todo lo actuado, tanto a la Justicia Penal como a la Justicia Militar.”

Los dolores de cabeza cosechados por la Armada comenzaron el año pasado, cuando trascendieron varios casos de corrupción; hechos que le costaron el puesto al almirante Oscar Debali, comandante en jefe de esa fuerza. Antes de Debali, cuatro oficiales fueron destituidos de forma fulminante. Uno de ellos, el agregado militar de Uruguay en Brasil, fue pasado a disponibilidad luego de que se detectara un millonario desfalco en esa institución. La jueza Graciela Gatti, especialista en crimen organizado y a cargo del caso, reveló la existencia de una red de compras falsas de material, entre otras irregularidades de todo tipo, en las que el personal naval incurría de forma sistemática. Gatti y la fiscal Mónica Ferrero requirieron, en varias ocasiones, información al Secon, en el marco del expediente en el que se investigan irregularidades en compras y contratos de la fuerza de mar.

Por su parte, el jefe de Relaciones Públicas de la Armada, Sergio Bique, admitió que existen sospechas de que el incendio ocurrido el miércoles en las oficinas de Hacienda de la fuerza fue intencional. Bique señaló que el caso había sido denunciado el jueves ante la justicia militar y el viernes a la penal. “Esta persona está a disposición del juez sumariante de la Armada y no va a estar desempeñando funciones dentro del servicio de Hacienda, aunque tiene libertad de movimiento”, dijo el marino, y admitió que no se descarta la posible participación de otras personas. La intencionalidad del incendio estaría prácticamente confirmada por las pericias preliminares desarrolladas por los bomberos de Montevideo. Además, el Juzgado del Crimen Organizado estudiará la omisión del personal policial por no dar cuenta al juzgado de turno sobre el hecho.