Verdad, justicia, memoria y elaboración. Tal es, según el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, la fórmula que compone el “mejor antídoto existente para prevenir un genocidio”. En el marco de la IX Conferencia Bianual sobre Genocidio, inaugurada ayer, el juez –integrante del tribunal que dirigió el primer juicio en el país por crímenes de lesa humanidad– apuntó que “la cultura del miedo está en retirada y el Estado está encaminado en esa línea de acción”, pero advirtió que “si no se continúa trabajando en la reconversión de las instituciones, en la democratización de la Justicia, de las fuerzas de seguridad públicas, la cultura del terror volverá a ganar terreno. El Estado no puede descuidarse”.

El encuentro es organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), junto con la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio (IAGS), y continuará en el Centro Cultural Borges hasta el viernes. Rozanski compartió la mesa principal con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Untref, Daniel Feierstein, y el rector de la universidad, Aníbal Jozami, además de autoridades de la IAGS. Su lugar de privilegio en esa mesa se explica porque el juez fue el primero en definir como genocidio al terrorismo de Estado instrumentado por la dictadura entre 1976 y 1983, en la sentencia con que el represor Miguel Etchecolatz fue condenado a reclusión perpetua.

“El derecho debe ser producción de verdad. Si no, sirve sólo para sostener intereses de turno”, justificó Rozanski. Pero además, el calificar de genocidio a las 30 mil desapariciones, los 15 mil presos políticos, los centenares de bebés apropiados, las docenas de hombres y mujeres exiliados –“más la destrucción de lazos sociales que continuaron luego de la dictadura”, sumó Duhalde–, tiene, para el magistrado, un valor a futuro: “Debería permitir que las investigaciones sobre genocidios se inscribieran en marcos más amplios que los que ofrece el derecho penal. Las diferencias entre el delito tradicional y un genocidio son tan amplias que si el trabajo sobre estos últimos se hace con la herramienta del derecho penal, la investigación estará mal orientada”, remarcó.

Con intención pedagógica y a modo expositivo, el juez repasó el camino que el Estado argentino recorrió desde la instalación de la última dictadura, en 1976, y que siguió con el Juicio a las Juntas, las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos, conocidos como “leyes de impunidad”. “La regla de todo genocidio es la impunidad. Quienes lo perpetran están plenamente seguros de que nunca serán castigados –dijo–. La impunidad provoca maldiciones tremendas a la sociedad que la padece. Sus daños son casi irreparables.”

Ese camino, de más de 20 años, se interrumpió en 1998. “Cuando todavía regían las leyes que impedían que los responsables de los crímenes sean juzgados, el fallo histórico de la Cámara Federal de La Plata consideró imposible negar a las víctimas el derecho a saber qué había ocurrido con sus familiares desaparecidos. Empezó otra historia en la Argentina”, rememoró. Luego llegaría la anulación de las leyes de impunidad, en 2003; la declaración de inconstitucionalidad de esas leyes por la Corte Suprema de Justicia, en 2005, los juicios, las condenas.

Verdad. Justicia. Memoria. Tres componentes del “secreto contra el genocidio”, según Rozanski, sin los cuales “no hay elaboración social posible” que permita “un avance social contra la cultura del miedo”.

“La verdad es estática, es una foto de lo sucedido, útil e importante, pero insuficiente. La justicia es dinámica, es la verdad puesta en acto”, propuso dogmático. Por memoria, el juez compartió la definición ofrecida minutos antes por Duhalde: la memoria no es pacífica, lleva imbricada en sí la lucha por su construcción.

Para Rozanski, la elaboración social, esa decisión de “deconstruir la impunidad”, es un camino “sin posibilidad de abandono”, tal como, recordó, se expidió públicamente tras la desaparición de Jorge Julio López, sucedida cuando aún no había finalizado el juicio a Etchecolatz. “El primer juicio (en referencia al primero con Etchecolatz como acusado) reveló al Estado un montón de desafíos, algunos graves, otros gravísimos, para sortear.” Sin embargo, remarcó, “que este proceso continúe no significa que disminuya la magnitud del horror (su manera de mencionar la desaparición de López). Si hay algo que aquello demostró es el atravesamiento que el terrorismo de Estado generó hasta el día de hoy en la sociedad”. Por eso, consideró necesario que, además de avanzar en “el camino de la memoria”, el Estado argentino lo haga también en la reconversión de las instituciones “que es dolorosa, porque no se dejan”.