Desde Madrid

Francisco Camps, uno de los líderes regionales más importantes del Partido Popular, abandonó ayer la presidencia de la Generalitat Valenciana, una de las regiones de mayor relevancia de las gobernadas por la derecha española después de Madrid. La Justicia confirmó días atrás que Camps deberá sentarse en el banquillo de los acusados durante el próximo otoño (Hemisferio Norte) por estar involucrado en el llamado “caso Gürtel”, el mayor escándalo por corrupción que enfrenta el PP en los últimos tiempos. La dimisión ha causado un auténtico terremoto en las agitadas aguas de la política local y tendrá consecuencias imprevisibles en las próximas elecciones generales a celebrarse, salvo mediar adelanto, en la primavera de 2012. Los conservadores eligen como reemplazante a Alberto Fabra, alcalde de la ciudad de Castellón.

La causa contra Francisco Camps es apenas la punta del iceberg en el llamado “caso Gürtel”, un escándalo que llegó a ser investigado en su momento por el juez Baltasar Garzón y que le valió al magistrado español un procesamiento por la realización de escuchas supuestamente ilegales que son las que permitieron originalmente destapar la trama. La llamada “red Gürtel” no era más que un conglomerado empresarial que se beneficiaba de contratos abusivos, sobre todo en Valencia y Madrid, dos de los gobiernos regionales más importantes controlados por la derecha antes del tsunami electoral que se produjo en las últimas elecciones municipales, el 22 de mayo pasado.

Lo más curioso es que Francisco Camps fue reelecto al frente de la Generalitat Valenciana hace apenas dos meses por mayoría absoluta. Camps había logrado volver a ser el candidato a pesar de que el proceso en su contra ya se había abierto antes de los comicios, con la confianza de que finalmente lograría eludir el juicio, cosa que no ocurrió. Camps está acusado de haber recibido trajes exclusivos regalados por algunos de los empresarios involucrados en la trama a cambio de favores económicos. Los regalos llegaban incluso a la mujer de Camps y eran una práctica habitual de la “red Gürtel”. Luego de dar mil y una vueltas, la causa que lleva en manos de la Justicia casi dos años, llegó finalmente la semana pasada a una instancia decisiva y los tribunales hicieron saber que el presidente de la Generalitat debería sentarse en el banquillo el próximo otoño, una pesadilla que el PP quiso desde un principio tratar de evitar, ya que podría llegar a coincidir con una campaña electoral anticipada, una posibilidad que José Luis Rodríguez Zapatero tiene entre sus manos. La renuncia de Camps busca evitarle a la derecha la pesadilla de una campaña por la presidencia del gobierno que se augura áspera en medio de la crisis económica y con el movimiento de los “indignados” clamando en las plazas. De hecho, las asociaciones que conforman el 15-M celebraron ayer la renuncia del líder conservador valenciano.

El PP descubrió en las últimas elecciones regionales que los casos de corrupción no restan electores, y decidió ir con Camps de candidato porque medía bien en las encuestas y confiaba en que finalmente no sería conducido al estrado. Pero las pruebas que han reunido los jueces son más que concluyentes. El dirigente conservador presentó de forma inesperada su renuncia ayer con un discurso que fue calificado por Mónica Oltra –dirigente de la oposición de izquierda local Compromís– de soberbio, por su desprecio a la labor de los magistrados y la supuesta persecución judicial de la que sostiene ser objeto. La alternativa que manejó el PP hasta el último momento fue la de lograr que Camps se declarase culpable para evitar el escándalo del juicio, pero las aguas ya habían llegado muy lejos y su renuncia fue interpretada ayer como la única de las soluciones posibles a la peor crisis política que atraviesa la derecha española desde su victoria hace dos meses en las elecciones municipales y regionales.