Legisladores republicanos acusaron ayer al gobierno de Barack Obama de conceder una amnistía administrativa de hecho a cientos de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Las quejas surgieron a raíz de una nueva política de deportación. El gobierno de Obama anunció a finales de agosto que revisaría caso por caso 300 mil órdenes de deportación pendientes y que a partir de ahora se dará prioridad a la expulsión de los indocumentados con antecedentes. Mientras tanto, asociaciones de defensa de derechos civiles denunciaron ayer el éxodo de escolares hispanos en Alabama desde la semana pasada por la ley de inmigración que obliga a los colegios a comprobar el status migratorio de los alumnos.

Las autoridades calculan que unos 11 millones de extranjeros viven sin papeles en Estados Unidos, de los cuales 1 millón aproximadamente tiene antecedentes. Entrar o permanecer en Estados Unidos sin la documentación debida es un delito federal, pero varios estados y condados promulgaron en los últimos años leyes para perseguir a esos indocumentados, alegando que el gobierno federal no lo hace.

La oposición, que domina la Cámara de Representantes, presentó varios proyectos de ley para endurecer los controles en la frontera y para intentar implementar un programa que obligaría a empresarios a comprobar el estatuto legal de un trabajador extranjero. “Es preocupante que el gobierno haya ofrecido literalmente a centenares de miles de inmigrantes indocumentados una amnistía mediante una serie de memorandos administrativos”, acusó en audiencia la republicana Candice Miller, jefa del subcomité de Seguridad Fronteriza de la Cámara de Representantes.

“Necesitamos que las agencias nos digan qué recursos necesitan, porque es una responsabilidad constitucional del Congreso garantizar la seguridad de las fronteras”, pidió Miller ante dos de los testigos de la audiencia, uno responsable de la Patrulla Fronteriza y otro de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). La política de deportación fue descrita como un esfuerzo sin precedentes para deportar a un número record de personas.

“Esta ley es la más injusta de todas las leyes de inmigración aprobadas en Estados Unidos. Va más allá, porque no sólo atemoriza a las familias con indocumentados, sino que viola el derecho de los niños a la educación”, dijo la vicepresidenta de la fundación MomsRising respecto de la ley de Alabama. La ley HB56 entró en vigor de manera parcial en septiembre, después de que una jueza bloqueara alguna de sus cláusulas.