Desde Lima

Todavía no ha cumplido sus primeros cien días en el gobierno y el presidente Ollanta Humala ya enfrenta una grave denuncia de corrupción que toca su círculo más cercano. Su vicepresidente, Omar Chehade, ha sido acusado de tráfico de influencias a favor de un poderoso grupo económico enfrentado con los trabajadores de una importante azucarera por la propiedad de la empresa. La Fiscalía ha iniciado una investigación al vicepresidente por esta denuncia. Aunque las investigaciones recién se inician, la oposición parlamentaria ya presentó una acusación constitucional contra el vicepresidente para separarlo del cargo. Chehade ha rechazado la acusación de tráfico de influencias, pero su defensa, hasta ahora, no ha sonado convincente.

El presidente Ollanta Humala ha tomado una prudente distancia de su vicepresidente, quien hasta ayer era uno de sus colaboradores más cercanos. No ha roto con su vice, pero tampoco lo ha respaldado. “El gobierno respalda totalmente la investigación de la Fiscalía. Eso es lo que respaldamos”, respondió Humala cuando se le preguntó si respaldaba a su vicepresidente. Preguntado sobre si le pediría la renuncia a Chehade, el presidente señaló que esperaría el resultado de las investigaciones: “De acuerdo con ese resultado, cada quien debe asumir su responsabilidad”, dijo, dejando abierta la puerta a una separación del vicepresidente de su cargo. La Fiscalía ha anunciado que su investigación tomará dos meses y medio.

El escándalo estalló hace unos días, cuando se conoció que Chehade se había reunido en un exclusivo restaurante de Lima con tres generales de la policía y que esa reunión, según uno de los generales presentes, tuvo el propósito de interceder a favor del grupo Wong en su disputa por el control de la azucarera Andahuasi con los trabajadores de la empresa. Hace unos años, el grupo Wong compró el 52 por ciento de las acciones de los trabajadores de la ex cooperativa Andahuasi, en una oscura operación a espaldas de la mayoría de los accionistas-trabajadores, que han impugnado la venta como ilegal y mantienen la administración de la empresa. El grupo Wong los pretende desalojar para tomar el control de la azucarera.

El general Guillermo Arteta, uno de los tres altos oficiales de la policía que se reunieron a cenar con el vicepresidente, a invitación de éste, y bajo cuya jurisdicción se encuentra la zona donde se ubica la azucarera, asegura que en esa reunión, a la cual Chehade asistió acompañado de su hermano y de un amigo, se le pidió que desaloje a los trabajadores de Andahuasi y que él se negó por no existir una orden judicial. Días después, dice el general, el hermano del vicepresidente y el amigo de Chehade presente en la reunión le llevaron a su oficina una orden judicial de desalojo sin fecha y sin firma. Arteta señala que se volvió a negar al desalojo. A los pocos días fue pasado a retiro, junto con otros treinta generales en una medida anunciada por el gobierno como el inicio de una reorganización de la policía.

Omar Chehade ha admitido que se reunió con los tres generales, pero niega la acusación del general Arteta. “Lo que dice el general Arteta es una patraña. Su acusación es una venganza contra el gobierno por su pase a retiro”, ha respondido el vicepresidente. Sobre la reunión que organizó ha dicho: “Yo invité al general Raúl Salazar para agradecerle porque me había dado seguridad en la campaña y para hablar de temas de seguridad. El general Salazar me dijo que para tratar el tema (de seguridad ciudadana) de manera amplia estaba el general Arteta y también el general (Abel) Gamarra, y él los convocó”.

Pero sus explicaciones dejan varias dudas. No ha podido responder en forma convincente por qué llevó a esa reunión con altos mandos policiales a su hermano y a un amigo, los que luego, según el general Arteta, le llevaron la orden judicial de desalojo falsa.