Desde Santiago

Los muros del Congreso chileno –ubicado en la ciudad puerto de Valparaíso (a cien kilómetros de Santiago)–, siempre gélidos y distantes, serán testigos esta semana de intensas jornadas en torno de destrabar el extenso conflicto de la educación pública chilena tras casi siete meses de paros y movilizaciones. Esto, luego de que fuerzas políticas opositoras al gobierno de derecha de Sebastián Piñera lanzaran una ruta de acción con ocho propuestas para salir del hoyo negro en que se ha introducido el asunto. El bloque opositor que convoca prácticamente a todas las colectividades contrarias a Piñera es liderado por los parlamentarios de la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó Chile entre 1990 y 2010, además del Partido Comunista, el Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ) y el Movimiento Amplio Social (MAS).

El documento –que circuló este fin de semana y se hizo público ayer– pretende fortalecer el derecho a la educación pública constitucionalmente, aplicando una reforma tributaria, poniendo fin al lucro y a la municipalización, crear un sistema nacional de educación escolar, la gratuidad para el 70 por ciento a la educación superior –a través de un solo sistema de becas y créditos–, un sistema de créditos blandos, prioridad en la educación parvularia, garantía de acceso a becas y el reforzamiento de la educación técnico profesional, entre otros. En suma, planteamientos cercanos a los petitorios de los estudiantes.

Carolina Tohá, presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), fue la encargada de explicar las motivaciones de estas propuestas, a las que catalogó como “el acuerdo más amplio alcanzado nunca en democracia por un espectro político de esta diversidad respecto de temas sustantivos en educación”.

La idea de la centroizquierda parlamentaria es que estos puntos sean incorporados en el Presupuesto de la Nación 2012 que por estos días finaliza su discusión en el Congreso chileno. El guante lanzado por la oposición fue recogido en el Palacio de La Moneda. El vocero de gobierno, el ministro Andrés Chadwick, señaló que tienen la intención de “discutir todos los puntos” sostenidos por la oposición.

Eso sí, Chadwick, un viejo político de derecha, decía esto con el pie en el freno: “Nosotros le pedimos a la oposición que haya realismo y que haya flexibilidad para efectos de ir construyendo este acuerdo”. “En algunos temas tenemos más convergencias, en otros podemos tener más distancias, pero obviamente la idea es discutir todos los puntos que están sobre la mesa”, precisó el secretario de Estado.

Sin embargo, estas “convergencias” entre los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo chileno son vistas con sospechas –por decir lo menos– en el movimiento estudiantil. Y es que naturalmente los jóvenes advierten que los acuerdos entre los miembros de la sociedad política, en los pasillos y salones del poder hegemónico, puedan dejar de lado los intereses de la sociedad civil, tal como sucedió en 2006, cuando un acuerdo amplio terminó con un conflicto estudiantil similar, aunque de menos duración –conocido como el pingüinazo– justamente porque el gobierno de turno prometió cambios sustantivos a la educación chilena y que finalmente –dicen los estudiantes– sólo fueron modificaciones cosméticas al sistema.

Los estudiantes tienen buena memoria. No olvidan los acuerdos entre la administración de Michelle Bachelet y el movimiento estudiantil hace cinco años, cuando la sociedad política dejó esperando afuera del Congreso a los jóvenes, en una de las típicas medidas de paternalismo estatal que caracteriza al sistema chileno.

La vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo, fue la primera en poner paños fríos al “ímpetu” de los políticos por solucionar el problema: “Nosotros no vamos a generar ningún acuerdo que traicione este movimiento”, afirmó la joven en el programa televisivo Tolerancia cero, uno de los más vistos en el horario prime del domingo y que da pie a la agenda política de la semana.

Agregó que tienen claro que no pueden apostar al todo o nada; sin embargo, insistió en que se debe plantear un objetivo y saber cómo alcanzarlo. Es por este motivo que los estudiantes de ahora no abandonarán las movilizaciones ni sus dirigentes los pasillos del Congreso, a fin de que todo se haga con transparencia y sin goles en off side a favor de la clase política.

Por su parte, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, señaló que “se terminó el momento de los oídos sordos y llegó el momento de los grandes acuerdos. La educación no sólo se ha ganado el derecho de estar en la calle, sino que a estar en cualquier espacio de este país”, dijo, al tiempo que llamó al gobierno a conducir este proceso en el Congreso, “de cara a la ciudadanía”.

Finalmente, como “un paso” calificó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, la propuesta entregada por la oposición. No obstante, anunció un nuevo paro del magisterio para el próximo 17 y 18 de noviembre.