Desde Río de Janeiro

Todo fue preparado para una sesión solemne. La invitación al acto, expedida por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, recuerda que la sanción de la ley que crea la Comisión de la Verdad, por parte de Dilma Rou- sseff, “significa la consolidación de la democracia y de los derechos humanos”, y que se trata de “un momento histórico”.

Así que hoy, día de la sanción, momento histórico, Dilma cumple con lo que prometió el 1o de enero, cuando asumió la presidencia. Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es una de las prioridades de la política de derechos humanos del gobierno de quien sufrió directamente sus efectos, durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas de todo tipo. Pero se trata de algo más complejo. Se investigarán crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura que sojuzgó al país entre 1964 y 1985, pero ese terrorismo de Estado quedará impune. Asegurar esa impunidad fue condición impuesta por los militares para que hubiese acuerdo con su antecesor, Lula da Silva. Y Lula, quizá el presidente con mayor respaldo popular de la historia de Brasil, se tragó esa imposición.

También hoy se espera que Dilma anuncie los nombres de los siete miembros que integrarán la comisión. Hay expectativa en relación con esa lista. Acorde a los términos que Dilma sancionará serán brasileños, “de reconocida idoneidad y conducta ética, identificados con la defensa de la democracia y de la institucionalidad constitucional, como con el respeto a los derechos humanos”.

Esa obviedad –¿alguien pretendería nombrar a brasileños de reconocida conducta inmoral e identificados con la agresión a la democracia para semejante tarea?– le fue impuesta por el sector más derechista del Congreso, no por casualidad heredero de la dictadura. Ha sido una forma de impedir que quienes hayan participado de la lucha por la amnistía o que hayan defendido la revisión de la ley que aseguró impunidad perpetua para los represores (una aberración jurídica, bajo la luz de acuerdos internacionales firmados por Brasil) sean llamados para investigar el terrorismo de Estado. Queda abierta la posibilidad de que los sectores más recalcitrantes de las fuerzas armadas, a través de sus propuestas en el Congreso, traten de vetar a quien no sea considerado, bajo su óptica peculiar, imparcial.

En los últimos días, grupos de defensores de los derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión elaboraron una lista de nombres, que ha sido formalmente enviada al despacho de Dilma, como sugerencia para el nombramiento de la Comisión de la Verdad. Hay juristas, altos funcionarios del Poder Judicial, profesores universitarios, abogados, viudas de muertos por la represión. João Vicente Goulart, hijo de Jango Goulart, el presidente constitucional depuesto por el golpe de 1964, está en una de esas listas. Aunque hasta la noche de ayer los nombres efectivamente seleccionados por Dilma fuesen un misterio, parece obvio que nadie directamente relacionado con víctimas de la represión integrará la lista efectiva. Serían vetados por los voceros de los cuarteles en el Congreso.

Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muchos los grupos y organizaciones que propusieron enmiendas para que, además de investigar, la comisión pudiese elevar sus conclusiones y denuncias a la Justicia. Todas las enmiendas fueron rechazadas.

Frente a las limitaciones de los trabajos de la comisión, muchas personalidades relevantes pidieron de manera velada que sus nombres no fuesen evaluados por el gobierno para una eventual invitación. Figuras históricas de la lucha por el derecho a la memoria y a la verdad han preferido no legitimar una comisión que no llegue a las últimas consecuencias, o sea, a la punición de los que participaron en actos de lesa humanidad.

De todas formas, se trata de un avance. Si logra efectivamente cumplir con su tarea, la comisión realizará sesiones públicas, convocará testigos y requerirá informaciones de órganos públicos, como el ejército, inclusive documentos clasificados como secretos. No habrá punición pero seguramente habrá malestar por lo que será expuesto al público. Ese resultado servirá de base, según esperan los optimistas, para lo que pueda ocurrir el día en que Brasil entienda que su ley de amnistía, decretada al cierre de las luces de la dictadura, es absurda bajo el punto de vista moral, jurídico y del derecho a la verdad y a la memoria.

De parte de Lula da Silva, Dilma Rousseff recibió un legado plagado de conquistas formidables. Pero también recibió un baúl lleno de espinas. Además de ministros corruptos, heredó la corrupción de la memoria, practicada por los sectores militares que siguen creyendo que pueden amenazar al régimen democrático constitucional y que todavía existe alguien que todavía les teme. Lula da Silva, por ejemplo.