Martes, 14 de febrero de 2012 | Hoy
EL MUNDO › LA PROPUESTA DE MONTI EN ITALIA
Por Elena Llorente
La polémica sobre el mentado “artículo 18” en Italia podría estar llegando al punto final. Y los que pagarían una vez más podrían ser los que están peor. Quienes defienden esta reforma, incomprensiblemente contradictoria para muchos, hablan de que “todos se beneficiarían”, empresarios y trabajadores, y de que así se cumpliría con la flexibilización del mercado laboral solicitada repetidamente por la Unión Europea.
Según la prensa italiana, el gobierno de Mario Monti y algunos exponentes sindicales no verían con demasiados malos ojos el hecho de eliminar la vigencia del artículo 18, sólo para aquellos que hoy tienen trabajos precarios, es decir que son semidesocupados. De concretarse esta reforma, esos jóvenes podrían entrar a trabajar a una empresa, pero durante tres o cuatro años correrían el riesgo de quedar nuevamente en la calle.
Aunque para entender esta maraña hay que ir por partes. El artículo 18 del estatuto de trabajadores italiano ofrece al empleado una serie de garantías para no ser dejado cesante fácilmente. Se aplica a las empresas con más de 15 empleados y si son agrícolas, con más de cinco. Dispone que el trabajador sea reintegrado en su trabajo si se demuestra que no hubo una justa causa para echarlo, o bien que sea indemnizado por los daños que se le ocasionan.
Este artículo, que en teoría es la garantía del “trabajo seguro”, ha estado en el centro de las negociaciones entre el gobierno –en particular su ministra de Trabajo, Elsa Fornero– y las centrales sindicales CGIL–CISL-UIL, que mayormente lideran el movimiento obrero de la península. Las centrales, y no sólo ellas, no querían saber nada de cambiarlo.
Las reacciones contra el gobierno se enardecieron cuando hace algunos días Monti se salió con una frase lapidaria, referida al artículo 18. “Qué aburrido tener siempre el mismo trabajo”, dijo en un programa de televisión. Acto seguido, le llovieron críticas de todos lados, especialmente de la centroizquierda. Y Monti tuvo que aceptar públicamente que su comentario había estado fuera de lugar, porque tener un trabajo seguro –a menudo sacrificando el propio gusto o la propia carrera profesional– ha sido el leitmotiv de los italianos desde la posguerra.
“Un trabajo es aburrido sólo para el que lo tiene”, comentó el líder del Partido Democrático (ex PC), Pier Luigi Bersani, que propone que no se toque el artículo 18 sino que en todo caso se haga una interpretación judicial menos rígida de algunas normas laborales. El líder de Italia de los Valores, el ex juez Antonio Di Pietro, también de la centroizquierda, por su parte dice que presentará una moción en el Parlamento para que el artículo 18 sea excluido de la tratativa entre gobierno y sindicatos. La desocupación juvenil, cercana al 28 por ciento según datos de la OCSE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), es uno de los más graves problemas de Italia.
Ahora, después de repetidas reuniones –y al decir de un diario italiano, de un encuentro secreto entre Monti y la secretaria de la central CGIL (ex comunista) Susanna Camusso, desmentido sin embargo por ellos–, el acuerdo estaría a punto de concluirse. El artículo 18 quedaría suspendido por tres o cuatro años para los trabajadores que tienen contratos a tiempo determinado y son asumidos por una empresa. Los defensores de esta solución dicen que “todos se beneficiarían” porque el trabajador precario que es asumido, aunque tenga la inseguridad laboral como una espada de Damocles sobre la cabeza durante tres años, podría tener la posibilidad de pasar a ser efectivo después de ese lapso. Las empresas, a su vez, podrían echarlo sin problemas en esos tres años. Cada uno saca su tajada, dicen.
Pero, en realidad, el precario seguirá siendo precario, aunque se lo llame de otra forma, durante tres años. ¿Y después? ¿Quién puede garantizar lo que sucederá? El empresario podría despedirlo un mes antes de que se cumplan los tres o cuatro años previstos y hacer el mismo jueguito con otros en su misma condición. ¿Qué porcentaje de los que sean asumidos en estas condiciones podrían pasar a ser trabajadores fijos? Estas preguntas, por ahora, no tienen respuesta. Pero los riesgos existen.
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