El juez español Baltasar Garzón fue expulsado ayer de la carrera judicial tras haber sido condenado a once años de inhabilitación por ordenar escuchas telefónicas en prisión entre los principales implicados en la trama de corrupción Gürtel, ligada al Partido Popular (PP), y sus abogados. La decisión, que tendrá que ser ratificada en el Pleno del órgano de gobierno de los jueces del próximo día 23, señala que se procede al “cumplimiento” de la decisión del alto tribunal y por ello impone a Garzón once años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, “así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro o fuera del Poder Judicial”.

El magistrado de 56 años ya fue notificado de la decisión, por lo que a partir de ayer dejó su cargo al frente del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, donde ejerció desde hace 23 años y desde donde se hizo mundialmente famoso por perseguir a violadores de los derechos humanos. Por el momento la sentencia es firme, puesto que fue dictada por el máximo tribunal que imparte justicia en España. Sin embargo, Garzón tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional para que la condena quede en suspenso, argumentando que sus derechos fundamentales han sido vulnerados durante el proceso. En caso de no tener una respuesta satisfactoria, recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de obligado cumplimiento para todos los Estados de la Unión Europea, según reveló su abogado, Francisco Baena Bocanegra.

De acuerdo con la sentencia, Garzón no podrá ejercer el cargo de juez durante once años, con pérdida definitiva del cargo y honores relacionados. Asimismo, durante el tiempo de la condena queda incapacitado para ejercer “cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo”. No obstante, el magistrado podrá ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales, como ha hecho desde que fue suspendido en 2010 de sus funciones mientras era investigado por el caso de las escuchas telefónicas y por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. Sobre esta segunda causa, en la que enfrenta un pedido de hasta 20 años de inhabilitación, aún espera sentencia, mientras la tercera investigación en su contra fue archivada recientemente por prescripción del presunto delito de cohecho que se le imputaba por haber recibido financiación de bancos y empresas españolas en 2005 y 2006 para dictar unos cursos en Nueva York.

Desde que fue suspendido, Garzón estuvo colaborando con el argentino Luis Moreno Ocampo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI). También asesoró a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Comité contra la Tortura del Consejo de Europa. El juez español más famoso, quien dictó en 1998 una orden de detención contra el ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, procesó además a más de 40 represores argentinos y logró que se juzgara al marino Adolfo Scilingo en España. Podrá volver a la carrera judicial transcurridos los once años de inhabilitación, a los 67 años de edad, y conservando la antigüedad hasta el momento de la sentencia. Su brillante carrera, no obstante, podría transcurrir por otros caminos, sea en foros internacionales o en la política, donde ya incursionó durante el gobierno del socialista Felipe González.