El Consejo de Seguridad de la ONU aplaudió ayer la condena dictada esta semana por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el jefe rebelde congolés Thomas Lubanga por reclutar niños soldados. El organismo la calificó de importante el avance contra la impunidad de quienes atacan a los menores en conflictos. “Los miembros del Consejo de Seguridad señalamos con agradecimiento el primer veredicto de la CPI, que halló culpable a Thomas Lubanga”, dijo el presidente de turno del Consejo, el británico Mark Lyall Grant, quien leyó ante la prensa un comunicado acordado por unanimidad en el máximo órgano de decisión de la ONU.

“Los crímenes de guerra que afectan a los miembros más vulnerables de la sociedad, como los menores, suponen una preocupación especial para el Consejo”, subrayó Grant. “Este veredicto es un avance importante para garantizar que los responsables de esos crímenes se enfrenten a la Justicia”. Los quince miembros del Consejo reconocieron que es un momento importante para las víctimas que sufrieron como resultado de las acciones de Lubanga y expresaron sus hondas condolencias a todos los afectados por las hostilidades en la República Democrática del Congo (RDC), según indicó el diplomático del Reino Unido.

Por último, el embajador pidió ver esta condena del CPI, la primera que dicta en diez años de funcionamiento, como una señal de que la CPI está llegando a su mayoría de edad y que la Justicia internacional se ve como algo importante, que está progresando y que cuenta con pleno apoyo del Consejo. La CPI, con sede en La Haya, declaró el pasado miércoles culpable a Lubanga de reclutar y alistar en un conflicto armado a niños menores de 15 años en la RDC entre junio de 2002 y septiembre de 2003.

Esos menores eran obligados a realizar trabajos domésticos, a luchar, a ser guardias de seguridad y en el caso de las niñas, a ser esclavas sexuales de los comandantes.

El fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció el jueves que pedirá cerca de la pena máxima, que es de 30 años de cárcel, contra Lubanga, aunque la Fiscalía tiene hasta el próximo 18 de abril para presentar ante los jueces su petición de condena.

De 51 años, licenciado en Psicología y padre de siete hijos, los jueces consideraron probado que forzó a menores de 15 años a luchar entre 2002 y 2003. Ocurrió durante el conflicto armado paralelo desatado en la provincia de Ituri, al nordeste del país. Para la Corte, abierta hace una década, supone un hito en su intento por erradicar una práctica que le robó la infancia a miles de pequeños en Africa, Asia y América latina. Los jueces fallaron por unanimidad.