Su mirada triste, apagada, parece llevarse bien con la fuerza de sus convicciones. Esa combinación de apariencias transmite serenidad, aplomo, como si su dolor hubiera sido reciclado para dar lucha, la lucha a la que se entregan los que han sufrido. Bertha Oliva es hondureña, coordina el Cofadeh (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras) y estuvo de visita en Buenos Aires, donde fue distinguida en el Ciclo Marzo, Mujer y Memoria. Compartió allí una jornada con Nora Cortiñas, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Antes de regresar a su país dialogó con Página/12 y dijo que “lamentablemente, tenemos tanto trabajo porque hay muchas violaciones a los derechos humanos. Yo quisiera pensar que algún día no será así, porque ese día, entonces, habrán mermado estos delitos. Pero ahora hay ejecuciones, asesinatos, amenazas, torturas, persecución, tenemos que sacar gente hacia el exterior. Y estamos hablando de lo que pasa hoy en Honduras”.

–¿La situación que describe es gravísima?

–La impunidad es muy fuerte en mi país. Están eliminando periodistas, abogados, maestros, desarticulando a los movimientos sociales, a los sindicatos a base de terror y de persecución. Las juventudes son perseguidas. También, nunca como ahora, hubo tanta mujer que ha sido asesinada. Una dice: “¿Qué es lo que estamos viviendo?”. Lo de La Granja, lo que pasó en el penal de Comayagua, es una muestra clara. Murieron 361 presidiarios. Todo lo que uno mira antes, durante y después del incendio se da cuenta de que tuvo un patrón y que, además, había toda una planificación. Se ha hecho absolutamente para castigar. A las familias las están venciendo por cansancio para que no reclamen.

–¿Las violaciones a los derechos humanos se han profundizado desde el gobierno golpista de Roberto Micheletti al actual de Porfirio Lobo?

–Lobo profundizó el problema porque a partir de que el Estado retornó al seno de la OEA se han sentido legitimadas todas las estructuras de terror que existen. Son un poder consolidado. Honduras vive en un estado de emergencia en materia de derechos humanos que es igual o peor que el de la década del ’80.

–¿Usted puede hablar del tema en primera persona porque su esposo, Tomás Nativí, está desaparecido desde 1981?

–Sí, era maestro de profesión. Pero ejerció su magisterio en la enseñanza social sin ir a ningún colegio a dar clases o impartirlas en una universidad. Tomás se había entregado a las causas sociales. Era un revolucionario. En el momento en que él desapareció, había renunciado al Partido Comunista de Honduras y es ahí donde impulsó y le dio origen a la Unión Revolucionaria del Pueblo o URP, que era una organización de masas con toda su dinámica en los colegios y las universidades.

–¿Cuántos desaparecidos tienen relevados en el Cofadeh desde que se fundó, en 1982?

–Nosotros pudimos registrar, porque si un dato lo dábamos en falso era motivo para que nos desarticularan, 184 desapariciones forzadas, que fueron las que documentamos. Pero sabemos que el número es mucho mayor porque sólo en la operación que se llevó a cabo en el Aguacate, en el departamento de Olancho, cuando entró el padre Guadalupe Carney con una columna desde Nicaragua –estamos hablando del año 1983–, sólo ahí eran cien hombres con los que él entró, y tenemos registrados once presos con nombre y apellido y siete que sobrevivieron. Con el resto no sabemos qué pasó, hay muchos cementerios clandestinos.

–¿Consiguieron llevar a juicio a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad como se está haciendo en la Argentina?

–Logramos su identificación para llevar a juicio a los responsables de estos hechos. Probamos que había desapariciones forzadas, científica y jurídicamente. Pero la apuesta del Estado hondureño es que los casos de desaparición forzada continúen siempre en la impunidad.

–¿Esa dificultad se dio en todos los gobiernos igual?

–En todos. Sí hubo algunos cambios, por ejemplo, cuando Carlos Roberto Reina estuvo en el poder. Ayudó muchísimo en los procesos de las exhumaciones y luego, con la eliminación del servicio militar obligatorio. Eso permitía que los militares no estuvieran sembrando el terror en las familias y que no se entrometieran tanto en los delitos que habían cometido.

–O sea, ¿salvo esa contribución que usted atribuye al gobierno de Reina, ni siquiera durante el gobierno de Zelaya hubo una facilitación de las tareas de esclarecimiento?

–Con Zelaya tuvimos proximidades. En su gobierno hubo dos casos presentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y si no se iba a un arreglo amistoso, pasaban a la Corte Interamericana. Y ahí él nos dijo: “Hagan una propuesta desde Cofadeh”, En efecto, demostró voluntad política. El aprobó un decreto que, si tiene algunas fallas, son fallas nuestras. Lo aprobó como nosotros lo presentamos. Era un programa de reparación para los familiares de las víctimas. Pero no con la mirada de crear monumentos y de indemnizar a las familias, sino para que fuera el inicio de una política de Estado en materia de derechos humanos que se interrumpió con el gobierno de Micheletti.

–¿Qué pasó con el decreto?

–Está ahí. Habría que ver si se tiene en cuenta. Aunque producto de ese decreto se inició una campaña de descalificación y de odio para Cofadeh y para ésta, su servidora, que recibió fuertes y terribles amenazas a muerte. Yo no creía que las estructuras de la impunidad estaban tan consolidadas en Honduras. Hasta que hicieron toda esa campaña y barbarie contra nosotros no nos dimos cuenta. Incluso hubo un intento de asesinato.

–¿A quiénes atribuye estos hechos?

–No puedo decirlo en este momento porque estamos en un alegato jurídico y no quiero que sea interrumpido, pero sí los tenemos bien situados, supimos de dónde vino todo, cómo lo planificaron y cuáles son los grupos que dieron el golpe de Estado. Esos mismos grupos son los que hicieron esa campaña, fundamentalmente, en contra de Cofadeh y de sus miembros.

–¿Cómo se sostiene la organización que coordina en un ambiente tan hostil?

–La inseguridad que hay a nivel general en Honduras es terrible. Matan dirigentes sociales, pero se atribuye al estado de inseguridad que se vive. O asesinan jóvenes, o gente que ha estado muy vinculada con el Frente y, bueno, no pasa nada porque “en algo andaban”. Ahorita estamos hablando de escuadrones de la muerte. Todas las estructuras encargadas de buscar justicia y de proteger al pueblo hondureño están coludidas con el delito.