A veinte años del Acuerdo de Paz en El Salvador, el proceso de Verdad y Justicia marcha lento, pero marcha. Mucha agua corrió bajo el puente desde que el gobierno neofascista liderado por Roberto D’Aubisson y sus secuaces desa-tó una feroz represión sobre la población civil a fines de la década del ’70 y principios de la década del ’80, la cual derivó en una guerra civil que terminó con la firma del tratado de Chapultepec en enero de 1992, poniendo fin a la lucha armada. Es oportuno recordarlo aquí porque Argentina tuvo mucho que ver con la represión primero y con la búsqueda de Verdad y Justicia después, así que aprovechamos la presencia de Terry Karl en el país para hacer el recorrido. Karl, profesora Gildred de Derechos Humanos en la Universidad de Stanford, es una de las principales expertas en el tema. Sus investigaciones, que incluyen una valiente y memorable entrevista con D’Aubisson y testimonios ante distintos jueces, comisiones y entidades gubernamentales en El Salvador, Estados Unidos y España, fueron fundamentales para avanzar la causa de las víctimas de una represión que le costó la vida a unos 85.000 civiles en un país de menos de un millón y medio de habitantes, un promedio de asesinatos per cápita mucho mayor al sufrido en la Argentina durante los años más oscuros de la dictadura.

Al igual que en la Argentina, en El Salvador, después del terror llegó la impunidad y a partir de ahí el camino se hizo cuesta arriba. En 1993, apenas dos días después de la publicación del Informe de la Verdad, que nombró a los represores con nombre y apellido, el Congreso salvadoreño, dominado por el ultraderechista partido Arena, promulgó una ley de amnistía para los asesinos y represores que se mantiene vigente hasta el día de hoy, a pesar de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha fallado más de una vez que esa ley es ilegal.

A partir de esa ley, muy poco es lo que se ha hecho en El Salvador. Apenas un soldado y un oficial han sido condenados, en 1991, antes de la amnistía, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Y eso ocurrió bajo una fuerte presión de Estados Unidos, que había amenazado con dejar de mandar ayuda financiera al país centroamericano si no se hacía algo con semejante masacre. Fue una condena corta, en un juicio que la Justicia española luego calificaría de “farsa,” porque fueron muchos los militares que participaron en la matanza, varios hasta lo confesaron en el juicio, pero igual fueron absueltos. Algo similar había ocurrido en 1984, en plena guerra, cuando cuatro soldados, cuatro perejiles, fueron condenados a treinta años de prisión por violar y asesinar a cuatro monjas estadounidenses en 1980. La Justicia salvadoreña determinó que los perejiles habían actuado por su cuenta y que el crimen no entraba en la ley de amnistía porque había sido un crimen común, no político. Sin embargo, para la Comisión de la Verdad no había dudas: la masacre de las monjas había sido ordenada por el entonces ministro de Defensa, general José Guillermo García, y por el entonces director de la Guardia Nacional, coronel Carlos Eugenio Vides Casanova.

Pasó el tiempo. D’Aubisson murió en 1992 sin ser juzgado por los crímenes que cometió, pero algunos de sus lugartenientes no tuvieron tanta suerte. En 1998, el abogado William Ford, hermano de Ita, una de las monjas masacradas, descubrió por casualidad que García y Casanova estaban viviendo en Florida. Les inició un juicio criminal, pero ambos fueron absueltos porque la Justicia estadounidense determinó que no estaba suficientemente probada la cadena de responsabilidades. Ford insistió en 1999 con un juicio civil basado en la ley estadounidense en contra de la tortura y el derecho internacional que condena los crímenes de lesa humanidad. En el 2002, García y Casanova fueron condenados a pagarles 54,6 millones de dólares a las víctimas. A partir de esa condena, en el 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense llamó a audiencias públicas y al año siguiente aprobó una ley que ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Interior y al Servicio de Inmigración a deportar del país a abusadores de los derechos humanos. En el 2006, la Corte Suprema rechazó la apelación de los militares salvadoreños y los familiares de las víctimas lograron cobrar los primeros treinta mil dólares al coronel Casanova, con los cuales se construyó una clínica gratuita para los pobres en San Salvador. Debió pasar todo el gobierno de Bush para que las autoridades estadounidenses aplicaran la nueva ley en contra de los represores salvadoreños. En el 2009, bajo el gobierno de Obama, se inició el proceso administrativo en contra de los represores y en diciembre del año pasado Seguridad Interior emitió un dictamen ordenando la expulsión del país de García y Casanova. Se trata de un hecho histórico, explica la profesora Karl, porque por primera vez Estados Unidos inicia por cuenta propia un proceso de deportación de violadores de derechos humanos que no sean nazis. (El proceso de deportación en contra del general García también está en marcha, a la espera de un dictamen de Seguridad Interior.)

Mientras tanto avanzaban otras causas. En el 2003 descubrieron al capitán Alvaro Saravia, jefe de seguridad de D’Aubisson, vendiendo autos usados en Fresno, California. Le iniciaron un juicio civil por el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, pero antes de que el caso llegue a juicio Saravia se escapó del país y actualmente sigue prófugo. En el 2004 Saravia fue condenado en ausencia a pagar diez millones de dólares. El juicio fue muy importante para el registro histórico, porque sirvió para establecer, entre otras cosas, la conexión argentina en el asesinato del arzobispo y porque el juez determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad, ya que se había cometido con el claro propósito de intimidar a la población y abrir la puerta a la represión que vendría después. No por casualidad 1980 y 1981 fueron los peores años de la represión, el de las peores masacres, más de 20.000 civiles murieron en esos dos años. “Fueron los asesores militares argentinos quienes prepararon el terreno para el asesinato. A través del aparato de propaganda de los medios afines a D’Aubisson diseñaron una campaña de prensa para pintar a Romero, un arzobispo más bien conservador, como un marxista subversivo cuya alma había sido tomada por el demonio. Todo eso aparece en documentos escritos por militares argentinos.”

En el 2005 encontraron a Nicolás Carranza en Memphis, donde trabajaba como guardia de seguridad en un museo. Carranza había sido viceministro de Defensa entre 1979 y 1981 y también director de la Policía de Hacienda, notoria por sus escuadrones de la muerte, en 1983 y 1984. Fue enjuiciado y condenado a pagar seis millones de dólares por torturas y asesinatos extrajudiciales. Significativamente, el juez de Memphis, al igual que el de Fresno, falló en el 2008 que el acusado había cometido crímenes de lesa humanidad por ordenar el asesinato en 1980 de los seis máximos dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, partido que entonces lideraba la oposición pacífica y democrática en El Salvador. En el juicio civil se demostró que, además de su actividad en el aparato represivo salvadoreño, Carranza era soplón de la CIA, por lo cual cobraba noventa mil dólares al año. Su deportación se hace más complicada porque no hay registro de su ingreso a Estados Unidos, ya que fue la misma CIA quien lo trajo al país en 1985, cuando el gobierno de Reagan le ordenó a sus aliados del gobierno salvadoreño que lo separaran de su cargo por impresentable. En 1995, Carranza recibió la ciudadanía estadounidense en agradecimiento por los servicios prestados. El juicio a Carranza también es significativo porque durante el juicio el gobierno salvadoreño presentó un escrito de amicus curiae argumentando que Carranza estaba cubierto por la ley de amnistía. Eso permitió que una coalición de destacados jurista presentara otro escrito respondiendo que la ley salvadoreña es inválida bajo el principio de Justicia internacional y la jurisprudencia vigente. El juez no opinó sobre la validez de la ley de amnistía, pero falló que no era aplicable al caso Carranza.

Ese mismo año, el 2008, empezó en el juzgado de Eloy Velazco de la Audiencia Nacional de España el juicio criminal por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, aprovechando que algunos de los asesinados ostentaban doble ciudadanía española. Toda la plana mayor del ejército salvadoreño de entonces fue procesada y nueve pedidos de extradición remitidos a la Corte Suprema salvadoreña. La Corte salvadoreña hasta ahora se ha negado a conceder extradiciones por razones burocráticas, eludiendo opinar sobre el fondo del caso. Pero la profesora Karl no da por terminado el asunto, ya que España es el segundo socio comercial de El Salvador y tiene con qué presionar. Además, en poco tiempo podría recibir a su primer acusado, gentileza del servicio migratorio estadounidense, ya que el año pasado fue encontrado en Boston el general Inocente Orlando Montano, uno de los veinte militares salvadoreños procesados en España por el asesinato de los curas jesuitas. Montano, que tiene 70 años, se encuentra bajo arresto domiciliario por fraude criminal y enfrenta penas de hasta 40 años de prisión por haberle mentido al servicio migratorio estadounidense. Entre otras mentiras groseras, Montano, que era viceministro de Defensa cuando mataron a los jesuitas, había declarado en su formulario de entrada a Estados Unidos que nunca había sido miembro del ejército salvadoreño. Cuando la Justicia estadounidense termine con él, si sigue vivo, “Inocente” tendría que ser deportado a España para ser juzgado por su rol en la masacre de los curas.

Mientras tanto, en El Salvador, en el 2009, tras ganar las elecciones, asumió la presidencia Mauricio Funes de la ex guerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La llegada al poder de la izquierda por primera vez en la historia de El Salvador generó muchas expectativas entre los defensores de los derechos humanos de que ahora sí se podría remover el velo de impunidad que sigue encegueciendo a la sociedad salvadoreña. Pero no sucedió. Hubo algunos gestos simbólicos que sirvieron para establecer la verdad histórica, como la tardía reivindicación de monseñor Romero, homenajeado con un mural que cuelga del aeropuerto internacional de San Salvador (foto). También fue significativa la visita de Obama el año pasado a la tumba del arzobispo. Pero la ley de amnistía sigue vigente y, peor aún, muchas víctimas salvadoreñas todavía no tienen mucha idea de lo que les pasó.

“A diferencia de la Argentina, donde muchos de los desaparecidos tenían una formación política y educativa importante, en El Salvador la mayoría de los muertos y torturados eran campesinos que no comprendían bien por qué los perseguían. Cuando testifiqué en el juicio de los generales en Miami recuerdo que muchos de los familiares de las víctimas que estaban en la audiencia se largaron a llorar, y después me dijeron que era la primera vez que alguien les explicaba lo que les había pasado”, dice Karl. El camino de Verdad y Justicia en El Salvador, como en tantos otros países, se hizo largo y tortuoso. Así como la Argentina debió recurrir a los juicios de la Verdad para saltear las leyes de impunidad de Menem y Alfonsín, en El Salvador hizo falta recurrir a la Justicia civil y la ley migratoria de Estados Unidos y a las cortes españolas para avanzar a pesar de la ley de amnistía local. Karl dice que el ejemplo argentino es una enseñanza y una inspiración para los defensores de derechos humanos en El Salvador, del mismo modo que los militares argentinos de la dictadura inspiraron e instruyeron a los represores salvadoreños.

“Los militares argentinos, especialmente del Batallón 601, enseñaron a los salvadoreños cómo armar escuadrones de la muerte, cómo interrogar, cómo tirar a las víctimas desde aviones, cómo hacer secuestros extorsivos para financiarse, cómo deshacerse de los cadáveres. Suárez Mason fue el mentor de D’Aubisson, el hombre a quien más admiraba. Por eso es tan importante lo que se hizo en la Argentina para castigar a los represores. Los salvadoreños siguen de cerca el proceso argentino, aprenden de él y se sienten esperanzados por todo lo que se avanzó en este país”, señala la experta.

Para Karl, un beneficio impensado del caso salvadoreño es que llevó a desarrollar una metodología para erosionar las leyes estadounidenses que protegen a los violadores de derechos humanos que buscan refugio en ese país. “Desde que empezamos con los salvadoreños el mismo método se ha repetido para perseguir violadores de derechos humanos de Chile, Honduras, Somalia y Haití. Se estima que hay unos mil criminales de guerra refugiados en Estados Unidos. Ninguno de los torturadores de Abu Ghraib y Guantánamo han sido juzgados, pero ahora existe la posibilidad de hacerlo con acciones civiles aplicando la ley de tortura.”

El proceso de Verdad y Justicia en El Salvador avanza lento pero avanza, inspirado en el de Argentina. Por eso está bueno decirlo acá, veinte años después, aprovechando la discreta visita de una incansable luchadora.

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