El gobierno conservador de España anunció nuevos recortes en Sanidad con los que el gobierno pretende ahorrar 7000 millones de euros. Por primera vez en la historia del Sistema Sanidad de Salud los jubilados tendrán que pagar en las farmacias por los medicamentos que necesiten para sus tratamientos. Los pensionados abonarán un 10 por ciento del precio de los fármacos con receta hasta un máximo de 18 euros mensuales. Quienes tienen pensiones inferiores a 18 mil euros anuales también estarán obligados a pagar, aunque en estos casos el desembolso alcanzará como máximo los ocho euros al mes.

En contraposición, los desempleados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones por desempleo no pagarán en las farmacias por sus medicamentos con receta. Tampoco se costearán los fármacos quienes cobren pensiones no contributivas. Los trabajadores pagarán entre el 40 y el 50 por ciento del precio del fármaco. En cambio, los trabajadores en activo con rentas bajas continuarán aportando el 40 por ciento del precio de los remedios. Los que superen los 18 mil euros anuales tendrán que pagar la mitad del precio.

Además, los topes para las rentas más altas, aquellas que superan los 100 mil euros, serán del 60 por ciento del precio del medicamento o bien 60 euros al mes, si se trata de mayores enfermos.

La titular de Sanidad, Ana Mato, no especificó el costo que tendrá implantar este sistema. “Con esta reforma no pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más”, resumió Mato, tras detallar las medidas adoptadas en la reunión mantenida con los consejeros autonómicos del ramo. Según explicó la ministra, el viernes debatirán este acuerdo en el Consejo de Ministros y se prevé que entre en vigor en un plazo máximo de dos meses. “El objetivo es poner en valor el medicamento y crear un efecto disuasorio para que no se tiren las 3700 toneladas de fármacos que acumuló el punto de recogida el año pasado y que supone un gasto de 1100 millones de euros”, detalló la ministra. “Estas son medidas más de eficiencia que de recorte”, insistió.

Pese a la satisfacción de Mato y de sus correligionarios del Partido Popular, algunos consejeros criticaron las conclusiones extraídas de su encuentro con la ministra. “Ha habido consenso en algunas cosas y en otras no”, confirmó el titular de Sanidad en Euskadi, Rafael Bengoa. “El copago farmacéutico no supone una solución a los grandes retos del sistema y, además, creo que va a afectar a los pacientes crónicos”, aventuró Bengoa, adelantando que el Estado no les aseguró que no vaya a ser así.

Por su parte, el consejero catalán, Boi Ruiz, consideró insuficiente el copago farmacéutico. “La participación de los ciudadanos en el precio de los medicamentos es buena por su efecto disuasorio, pero insuficiente para el reto que supone la situación financiera de la sanidad”, sentenció. “Estas medidas son bienvenidas, pero necesitaremos más”, concluyó.

Pero la más escéptica fue la consejera andaluza, María Jesús Moreno. “No nos han entregado ni un solo documento que demuestre la valoración del impacto económico de estas medidas, nada que sustente las propuestas del ministerio”, aseguró. “Yo calculo que con esta reforma no llegarán ni a los 1000 millones de euros de ahorro, una cifra que no alcanza ni de lejos lo anunciado por el gobierno”, continuó.

Además, Moreno cree que estas medidas dejan abierta la puerta a un futuro copago asistencial. “Todos los países que han terminado implantándolo categorizaron primero la cartera de servicios con distintos nombres”, sentenció.

La reforma de Rajoy busca también controlar el llamado turismo sanitario, como se llama a la posibilidad de que otros ciudadanos europeos reciban asistencia sanitaria gratuita en España, que principalmente beneficia a los inmigrantes comunitarios, prohibiendo el desplazamiento en busca de atención sanitaria. Sin embargo, sobre este asunto, la responsable socialista en los temas de sanidad, Trinidad Jiménez, destacó que España ya recibe dinero del resto de los países de la UE para cubrir ese gasto de los residentes comunitarios. El problema de los que se desplazan y el cobro de la factura sanitaria que estas personas generan ya se solucionó con una directiva aprobada en 2010, aseguró Jiménez.

La reforma incluye otras medidas tendientes a reducir el precio de los medicamentos y la modificación de la cartera de servicios sanitarios que introduce el copago en algunas prestaciones que ya no se consideran básicas. Desde Puerto Vallarta, México, el presidente Mariano Rajoy se ufanó del conjunto de medidas de ajuste que su gobierno viene aplicando desde que asumió en 2011 para hacer frente a un escenario de crisis económica con cinco millones de desempleados. “Si ustedes conocen algún gobierno que en tres meses haya tomado decisiones del calibre de las que se han adoptado en España, agradecería que me lo dijeran, entre otras cosas, para intentar superarlo”, dijo el presidente de España en el Foro Económico Mundial.