El asesinato de un joven reincidente en manos de la policía francesa lanzó en estos días un debate con posibles repercusiones en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Un hombre de 28 años, prófugo de la Justicia y buscado por haber violado una salida transitoria, fue abatido de un tiro por la espalda por un policía en los suburbios parisinos quien, luego del hecho, fue detenido y procesado por homicidio simple por un juez de primera instancia.

Dicha detención y calificación provocó una serie de manifestaciones por parte de centenas de policías que protestaron en las calles de París. Estas manifestaciones hicieron que el presidente Sarkozy proponga –en caso de ser reelecto– una modificación al Código Penal incluyendo una presunción de legítima defensa en favor de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, que coincide con las propuestas de la extrema derecha que encarna Marine Le Pen –la hija del viejo líder del Frente Nacional Jean-Marie Le Pen–, quien obtuvo el 18 por ciento de los votos en la primera vuelta de la elección presidencial.

La medida anunciada, que tiene su antecedente más próximo en el gobierno colaboracionista de Vichy en 1943 y que fue derogada luego de la guerra de Argelia en 1962, consistiría en que tanto la gendarmería como la policía podrían gozar del beneficio de esta “presunción de legítima defensa”, lo que equivaldría, lisa y llanamente, a revertir la carga de la prueba para cualquier persona que resulte víctima del accionar de las fuerzas del orden o, dicho de otro modo, otorgar una licencia para matar a esas fuerzas con beneficio de inventario. La justificación de tamaño desatino se basa, para el presidente francés, en que “no se puede colocar en el mismo plano al policía que ejerce sus funciones y al delincuente en el ejercicio de su propia función”.

Con estas consideraciones monsieur Sarkozy hace caso omiso del informe de Amnesty International de 2011, que denuncia una vez más la inacción de las autoridades francesas frente a las violaciones a los derechos humanos cometidos por responsables de las fuerzas del orden, tales como homicidios, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Con los mismos argumentos que lo llevaron al poder hace cinco años e invocando nuevamente la muletilla de la inseguridad, Sarkozy persiste en profundizar una criminología que puebla prisiones con franceses pobres de origen magrebí o africano, inventa penas indeterminadas para los que denomina peligrosos, construye 30.000 lugares más para futuros detenidos y persigue a inmigrantes indocumentados encarcelándolos hasta su expulsión. Esta criminología francesa en nada se asemeja a aquella que reclamaba por los derechos humanos de los ciudadanos en la Francia revolucionaria y que dio lugar al nacimiento del Derecho Penal liberal hace más de doscientos años.

La presente criminología sarkozista, inspirada en Alain Bauer –un antiguo propietario de una agencia de seguridad privada y director del Observatorio de la Delincuencia–, se encuentra en los antípodas de la criminología cautelar y de los derechos humanos que se propugna hoy en día en América latina. Vale recordar que en Argentina Raúl Zaffaroni y en Venezuela Lola Aniyar de Castro señalan la necesidad de reducir la violencia estatal en nuestro continente con el fin de prevenir las masacres del poder punitivo, lo que manifiesta un compromiso irrenunciable de la criminología latinoamericana con los derechos humanos.

Con mucho acierto, la criminóloga venezolana nos enseña ciertas palabras que no debemos olvidar en criminología y que fueron aquellas que la reina roja expresó en la novela Alicia de Lewis Carroll y que dicen aproximadamente lo siguiente: para saber cuánto es dos más dos hay que saber quién manda.

Es probable que en el “maravilloso país” que pretende monsieur Sarkozy, las matemáticas no sólo sirvan para sumar sufragios, sino también permitan una criminología que justifique homicidios alentando el gatillo fácil desde el propio Estado. Sólo nos queda esperar pues, en estos días, que los números no lo acompañen.

* Subdirector de la Actualización en Criminología y Filosofía Política de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del Programa de Criminología de la Universidad Nacional de San Martín.