Dilma Rousseff recibió críticas por no poner en funciones a la Comisión de la Verdad.
Imagen: EFE.

El ex represor brasileño Claudio Guerra, que actuó en la policía política durante la dictadura (1964-1985), declaró que los cuerpos de varios opositores, entre ellos dos capturados en Argentina, fueron incinerados en Río de Janeiro. Guerra afirmó en el libro Memorias de una Guerra Sucia que Joao Batista Rita y el militar retirado Joaquim Pires Cerveira, ambos pertenecientes a organizaciones armadas, se encuentran en la lista de opositores que fueron incinerados en una usina de caña de azúcar carioca. “En determinado momento de la guerra contra los adversarios al régimen comenzamos a discutir qué hacer con los cuerpos eliminados en la lucha clandestina, estábamos en el final de 1973, necesitábamos un plan”, señala Guerra en un adelanto del libro, publicado anteayer por el sitio de noticias IG.

Las revelaciones de Guerra, uno de los pocos represores que reconocieron sus delitos, se conocen una semana después de que los organismos de derechos humanos solicitaran a la presidenta Dilma Rousseff, ex presa política, que ponga en funciones a la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura. Joao Batista Rica y Joaquim Pires Cerveira fueron raptados el 5 de diciembre de 1973 en Buenos Aires, probablemente con apoyo de las fuerzas represivas argentinas, por el mando del agente brasileño Sergio Paranhos Fleury, según el “Dossier Dictadura”, publicado por la Comisión de Muertos y Desparecidos Políticos.

De acuerdo con el relato de Guerra, la incineración de los cuerpos de varios opositores en la usina de Cambahyba tuvo el aval del coronel del ejército Freddie Perdigao Pereira, del Servicio Nacional de Informaciones, que dependía de la Presidencia, y del marino Atonio Vieira, del Centro de Informaciones de la Marina. “El lugar fue aprobado, el horno de la usina era enorme, ideal para transformar en cenizas cualquier vestigio humano”, contó Guerra, quien fue ex jefe del Departamento de Orden Político y Social.

Por otro lado, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil criticaron la demora del gobierno de Dilma Rousseff en instalar un grupo que investigará las violaciones de los derechos humanos, período que abarca la última dictadura.

“Son muchos meses ya”, declaró a corresponsales extranjeros el diputado Domingos Dutra, presidente del citado grupo parlamentario, en alusión a que la ley que autorizó la creación de la llamada Comisión de la Verdad fue aprobada por el Congreso en octubre del año pasado y sancionada un mes después por Rousseff.

La jefa de Estado tiene pendiente, desde entonces, el nombramiento de los siete miembros de esa comisión, que tendrá un plazo de dos años para investigar crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988, aunque se centrará en el último régimen militar, que imperó entre 1964 y 1985. La diputada Luiza Erundina, también miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, compartió la preocupación de Dutra y apuntó que la demora de Rousseff en poner en marcha a ese grupo “genera dudas”, sobre todo cuando Brasil “ha hecho tan poco” por reconstruir lo ocurrido durante la dictadura.

Erundina recordó que la Comisión de la Verdad ni siquiera podrá llevar a supuestos culpables de tortura ante la Justicia, pues están amparados por una amplia amnistía dictada en 1979, aún durante el régimen militar.

Subrayó, sin embargo, la necesidad de “recuperar la memoria histórica” y movilizar a la sociedad en favor de una revisión de esa amnistía, pese a que ya fue considerada “constitucional” por el Supremo Tribunal en un polémico juicio realizado en 2010.

Según Erundina, el hecho de que la propia Rousseff haya pasado más de dos años detenida durante la dictadura y sufrido en carne propia la tortura garantiza su “clara sensibilidad” sobre el tema. No obstante, la diputada consideró que la Comisión de la Verdad ya debería estar funcionando. Dutra y Erundina explicaron que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados decidió crear un grupo paralelo al que designará el gobierno, el cual se plantea cooperar y fiscalizar las investigaciones. Ese grupo parlamentario pretende incluso interrogar a Guerra.

La ley de amnistía de 1979, declarada sin efectos jurídicos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero corroborada por la Justicia brasileña en 2010, impide juzgar a los represores. Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen militar.