Desde Brasilia

Dilma cumple. En diecisiete meses de gestión la presidenta Dilma Rousseff hizo lo que ningún gobierno civil había hecho en los 25 años transcurridos después de concluida la dictadura: doblegó, o al menos amansó, al lobby militar y creó una Comisión de la Verdad, integrada mayoritariamente por juristas. El Diario Oficial de la Unión publicó ayer los nombres de los siete integrantes del organismo, designados personalmente por la presidenta, a quienes les corresponderá echar luz sobre esta dictadura impune de Latinoamérica, como lo testimonia el hecho de que ni un cabo del ejército fue siquiera procesado hasta la fecha, a casi medio siglo del golpe de Estado que derrocó al presidente Joao Goulart.

“La muerte, o tal vez el asesinato de Goulart en 1976 durante su exilio en Argentina, supongo que será uno de los temas que inevitablemnte deberá investigar esta comisión. Es un caso que continúa sin esclarecimiento, las extrañas circunstancias de su fallecimiento, siendo que era uno de los enemigos que más incomodaba a la dictadura, nos llevan a suponer que él pudo haber sido otra víctima de la red terrorista Cóndor”, declaró ayer a Página/12 el procurador federal Iván Claudio Marx.

Además de la muerte de Goulart, el flamante organismo posiblemente investigará las más de sesenta desapariciones de miembros del brazo armado del Partido Comunista en la región amazónica Araguaia, entre 1970 y 1974, el asesinato del periodista Vladimir Herzog en 1975 y la desaparición del diputado Rubens Paiva en 1971. Precisamente, la viuda de Herzog y la hija de Paiva fueron mencionadas como candidatas a ser parte del grupo de personalidades que contará con sólo dos años y siete meses para esclarecer centenas de asesinatos y desapariciones.

Hasta el miércoles las apuestas se dividían entre los que confiaban en que la comisión estaría dominada por ex presos y familiares, y aquellos que presagiaban que tendría un perfil menos “politizado”. Rousseff les dio la razón a estos últimos, nombrando a dos hombres ligados al moderado ex presidente Fernando Henrique Cardoso, como son José Carlos Días, que fue su ministro de Justicia, y Paulo Sergio Pinheiro, secretario de Derechos Humanos durante la gestión socialdemócrata. “Brasil tiene que recomponer su historia, recomponer su pasado. (La comisión buscará) una reconciliación nacional, le duela a quien le duela. No hay revanchismo, apenas la búsqueda de la verdad”, afirmó ayer Gilson Dipp, juez del Supremo Tribunal de Justicia.

Dipp, el ex viceministro de Justicia José Cavalcanti Filho, el ex procurador Claudio Fonteles y la psicoanalista Maria Rita Kehl también son parte de la comisión que cuenta con un solo miembro reconocidamente dilmista, la abogada Rosa Maria Cardoso de Cunha. Ella fue la defensora, en 1970, de la entonces guerrillera Rousseff, contra quien pesaba, entre otros cargos, el haber ideado un espectacular asalto sin víctimas en el escondite donde un colaborador de la dictadura ocultaba millones de dólares desviados de las arcas públicas.

Al optar por una clara mayoría de hombres de leyes y excluir a los organismos y ex presos, la presidenta emitió una señal tranquilizadora, comentó el diario O Estado de Sao Paulo. El no menos conservador diario O Globo también expresó su opinión, en artículos recientes, a favor de un organismo donde predominen personalidades “moderadas”.

Iara Xavier, del Comité por la Verdad y la Memoria de Brasilia, opina distinto que los diarios citados. “La mayoría de los miembros de la comisión es formada en derecho, son personas poco conocedoras del tema, nuestra expectativa era que la comisión estuviera más comprometida, con gente que tuviera muchos antecedentes para enfrentar un trabajo así en tan poco tiempo.”

Los siete nuevos funcionarios dependientes del Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo) asumirán formalmente el 16 de mayo en una ceremonia a la que fueron invitados todos los presidentes civiles desde el fin del régimen de excepción en 1985: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva. La apuesta política del gobierno del Partido de los Trabajadores, simbolizada en la amplia convocatoria al acto, es cerrar filas con todas las fuerzas políticas, inclusive conservadoras, interesadas en descorrer el velo que aún opaca lo ocurrido durante 26 años de terrorismo de Estado.

Es probable que la clase política, o un segmento importante de ella, haya comprendido que el emergente Brasil, sexta economía mundial, necesita arreglar sus cuentas con el pasado para conquistar respeto y mayor liderazgo internacionales. Será difícil que Brasilia conquiste su anhelado lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU mientras el Supremo Tribunal Federal continúe desoyendo los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendando, como lo hizo en 2010, la investigación de los asesinatos y desapariciones, la identificación de los culpables y su procesamiento. Considerando las políticas de Estado sobre verdad y justicia ante los crímenes de lesa humanidad Brasil es, por mucho, el país menos evolucionado de la región, estatus que puede comenzar a ser superado con el organismo creado oficialmente ayer.