Por Juan Arias*
Desde Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó el miércoles en el Parlamento dos grandes reformas constitucionales, la de la Seguridad Social y la del sistema fiscal, ante las que sus antecesores se habían estrellado siempre y de cuya aprobación o rechazo dependerá el éxito o el fracaso de su gestión presidencial. Al cumplir tres meses en el poder, la coyuntura no podía ser más favorable para Lula: el dólar retrocede frente al real –más incluso de lo que los exportadores desearían–, la inflación está en declive, la economía crece y el índice de riesgo disminuye aceleradamente.
Sin embargo, no todo son rosas para el primer presidente de izquierda de Brasil. Las espinas le han brotado en el seno de su propio Partido de los Trabajadores (PT), donde el ala más radicalizada lo ha desafiado al anunciar que votará en contra de las reformas. Un plantel de diputados petistas no acepta que los funcionarios jubilados tengan que pagar impuestos, como indica la nueva ley de Seguridad Social, y hasta han sacado a la luz un documento en el que el actual presidente se oponía a dicha medida durante el mandato de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso.
Lula dijo a sus compañeros que todos en el partido “tienen derecho a disentir, a dialogar y hasta a decir bobadas”, pero que “a la hora de la verdad” es necesario acatar la disciplina del partido. En una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento, el presidente sostuvo que las reformas, lejos de perjudicar a los más pobres, demostrarán que la izquierda de América latina es capaz de gobernar con estabilidad. “Estas reformas no van a beneficiar a algunos y perjudicar a otros –dijo Lula ante una sesión conjunta del Parlamento–; servirán para ver si somos capaces de transformar a nuestro país en una nación desarrollada que conquista el lugar que debería ocupar ya en este mundo globalizado”. Lula asistió a la reunión acompañado por los gobernadores de los 27 estados de Brasil, que manifestaron así su apoyo a las reformas.
Lula recordó a los disidentes que cuando en los años ‘80 tres diputados del partido tuvieron que ser expulsados, él lloró, pero firmó la medida. Y subrayó que si esta vez será necesario expulsar a los que voten en contra de las reformas, lo hará, aunque lo sienta como una herida en su propia carne. Y con cierta ironía les dijo a esos diputados que estos días están acaparando las primeras páginas de los diarios, que cuando salgan del partido “nadie les hará caso”.
A los disidentes tampoco les gustó una campaña publicitaria lanzada por el gobierno de Lula en la televisión en la que explica a la sociedad brasileña la importancia de la aprobación de las reformas tributaria y de la Seguridad Social. La ironía es que mientras la parte radicalizada del PT está dispuesta a boicotear las reformas, Lula ha tenido el apoyo de personajes de primera plana de la oposición, como la del gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves; del Partido Socialista Democrático de Brasil (PSDB) y del gobernador del poderoso estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, del mismo partido. El gobernador de Minas Gerais, uno de los políticos jóvenes de mayor peso en este país, afirmó: “No tenemos derecho a dejar que el presidente pierda esta oportunidad de hacer las reformas”.
El sistema público de pensiones de Brasil está considerado uno de los más generosos del mundo y, para Lula, es un lujo que el país no puede permitirse si quiere modernizar su economía. Baste un ejemplo: los funcionarios brasileños no sólo se jubilan con el salario completo, sino que aumentan su poder adquisitivo al dejar de pagar sus cuotas a la Seguridad Social.
Las empleadas públicas brasileñas se jubilan con un promedio de 50 años; sus compañeros varones, poco después. La viuda de un militar recibe el 100 por ciento del salario y, al morir, lo heredan sus hijas. Hay funcionarios –profesores universitarios, políticos o jueces– que cobran varias pensiones. El sistema público de pensiones, del que se benefician sólo 2,5 millones de brasileños, tiene un déficit equivalente al 4,2 por ciento del PBI brasileño, mientras que el sistema privado, con 20 millones de pensionistas, registra un desequilibrio del 1,3 por ciento del PBI.
Con la reforma de la Seguridad Social, el presidente brasileño pretende:
- Aumentar la edad mínima de jubilación de 48 a 55 años para las mujeres y de 53 a 60 para los hombres.
- Limitar a 2400 reales (unos 800 dólares) la cuantía máxima de las pensiones.
- Duplicar, hasta los 20 años, el período que un funcionario debe trabajar para recibir una pensión.
- Obligar a los futuros jubilados a pagar cuotas a la Seguridad Social.
- Someter a los nuevos funcionarios al sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado.
- Reducir las pensiones de viudez al 70 por ciento de la pensión original. Con estas medidas, Lula pretende ahorrar 1700 millones de reales el año que viene, justo lo que costará su plan contra la pobreza Hambre Cero.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.