Desde La Paz

El motín policial se terminó en la madrugada de ayer, cuando se firmó un acuerdo con el gobierno nacional para regresar al trabajo. Los uniformados, que exigían un sueldo mínimo de 2000 bolivianos (300 dólares), se conformaron con 1545 bolivianos y el compromiso de que no los enjuicien por haber roto algunas cosas y lugares durante su movilización de seis días. En conferencia de prensa, el vicepresidente, Alvaro García Linera, denunció que en Bolivia hubo un “apresto de golpe de Estado”. A horas de levantar su medida de fuerza, la policía arrojó gases a la marcha indígena recién llegada a esta ciudad para exigir al presidente Evo Morales respeto por sus derechos.

“Son seis elementos materiales, no inventados, sino materiales, de ruptura del orden interno, de ruptura del funcionamiento institucional de la democracia en nuestro país. Por eso la denuncia contundente (del gobierno): están aprovechándose de una demanda legítima de carácter económico de la policía; hay políticos infiltrados que quisieron llevar esto hacia fases escalonadas de golpe de Estado contra la democracia”, dijo el vicepresidente en referencia a Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM), partidos minoritarios y opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Hay una victoria contundente de movimientos sociales y del ciudadano de a pie, que con su autorregulación han derrotado al apresto golpista”, aseguró García Linera. Para el vicepresidente, se rompió el orden democrático cuando los policías empezaron a hablar entre ellos sobre un aumento salarial. “Las personas que forman parte de las instituciones de coerción no pueden deliberar, porque convertirían su poder coercitivo legal en poder político por encima del resto de los ciudadanos. Al deliberar rompieron la convivencia democrática”, aclaró.

La toma de instituciones policiales en todo el país y las protestas de los policías en las calles, que impidieron el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cancillería, serían los elementos dos y tres para García Linera. “Se ha tirado dinamita a la puerta de la Asamblea Legislativa y del Palacio de Gobierno. Eso sucedía en tiempos golpistas”, dijo como cuarto signo de que en Bolivia se preparaba un golpe de Estado.

Como quinto indicio, enumeró la parálisis del sistema financiero, porque no había policías que vigilaran los bancos, por ejemplo. Como sexto elemento, mencionó las conversaciones por radio –que habría grabado el gobierno– entre los amotinados, quienes habrían expresado ganas de hacer bombas molotov, de matar “plomos”, como les dicen a los soldados, y hasta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, con quien firmaron el acuerdo la madrugada de ayer.

La oposición rechazó la denuncia del vicepresidente. “Si hubiera verdaderos indicios de golpe de Estado, de acciones contrarias a la estabilidad democrática, todo el país las rechazaría, el Movimiento Sin Miedo en primer lugar”, dijo Juan del Granado, jefe de este partido, ex aliado electoral del MAS y ahora acusado de golpista por el gobierno de Morales.

El acuerdo de la policía con el gobierno tiene 10 puntos. El más importante es el incremento de 100 bolivianos (14 dólares) al salario básico de los agentes del orden. También se ganaron la doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), la revisión de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, la creación de la Defensoría de la Policía (“para la defensa de los derechos del policía”, dice el convenio) y la conformación de una comisión que se encargará de buscar recursos para que cada uniformado se jubile con el ciento por ciento de su sueldo. “El acuerdo se hizo pensando en el pueblo de Bolivia, porque ya era hora, pues la población estaba desprovista de servicios de seguridad”, dijo la sargenta Esther Corsón, representante de los que estaban amotinados.

A pocas horas de levantada su protesta, la Policía Nacional demostró lealtad a sus superiores con la llegada a esta ciudad de la Novena Marcha Indígena Originaria, que pide respeto a los derechos de los pueblos indígenas y, fundamentalmente, que el gobierno no haga construir una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La fuerza impidió a los marchistas ingresar a la plaza Murillo, kilómetro cero del país, y lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos. Anoche, los indígenas evaluaban qué hacer ante este panorama.