EL MUNDO › ANTHONY ROMERO, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIóN AMERICANA DE LIBERTADES CIVILES
Aunque Romero rescata la oposición del Departamento de Justicia a la ley Arizona, afirma que en la actual administración Obama creció la expulsión de inmigrantes. Y asegura que si gana Mitt Romney, la situación empeorará.
› Por Adrián Pérez
Anthony Romero vivió de cerca las desigualdades sociales en las calles del Bronx. Sus padres llegaron a Nueva York, procedentes de Puerto Rico, sin hablar una palabra en inglés. Con todo, fue el primero de su familia en terminar la secundaria y llegar a la universidad. “Mis padres me enseñaron siempre a preocuparme por el prójimo”, confía el hombre de metro ochenta, a punto de cumplir 47 años, cuando se le pregunta por qué trabaja en la defensa de los derechos de otros. En el aniversario de la independencia de Estados Unidos, el director ejecutivo de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) participó ayer en la charla “Derechos humanos en el mundo: una mirada crítica desde Egipto y Estados Unidos”, junto a Hossam Bahgat –director de la iniciativa egipcia para los derechos personales–, organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Reconoce que con el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca hubo progresos, como el reconocimiento del derecho de las personas del mismo sexo a casarse.
La otra cara de la moneda son cuestiones vinculadas con la seguridad nacional. Aunque rescata la oposición del Departamento de Justicia a leyes xenofóbicas como la de Arizona, calcula que las deportaciones aumentaron, en la actual administración demócrata, hasta alcanzar las cuatrocientas mil anuales. “Se vincula el tema de la inmigración con el terrorismo y el narcotráfico, especialmente en Texas, Arizona y Nuevo México. La política migratoria empeoró después del 9/11”, asegura Romero, que se puso al frente de la ACLU cuatro días antes de que las Torres Gemelas se desplomaran como un castillo de naipes. En el estado de Alabama, añade, pretende impedirse que los hijos de los inmigrantes indocumentados asistan a la escuela pública.
Sobre el apoyo al mandatario norteamericano, Romero considera que su país se enfrenta al enthusiasm gap (brecha de entusiasmo). “La base que votó por el presidente Obama no está tan entusiasmada como hace cuatro años”, concede, y asegura que probablemente peligre su reelección. “Si (Mitt) Romney es elegido presidente, todo va a ser peor para los derechos civiles, porque el Partido Republicano está en contra de los derechos humanos: si él gana será un retorno a las políticas del presidente (George W.) Bush”, augura. En materia de derechos individuales, el titular de la ACLU afirma que Estados Unidos está ante una encrucijada.
Con el objetivo de conocer a referentes de derechos humanos, desde la Casa Blanca se comunicaron con Romero cuando el demócrata de Hawai ya había asumido la presidencia. La secretaria de Obama lo llamó y le dijo: “El presidente vive en una burbuja y quiere tener una perspectiva fuera de esa burbuja”. Entre los seis invitados del jefe de Estado, además de Romero, se encontraba Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “El presidente conocía los temas, habló sin notas, pero fue obvio que no quería escuchar, sino darnos su perspectiva, como un intento de aquietar las críticas”, reconstruye Romero. Recuerda, a su vez, que el mandatario le dijo en persona que las comparaciones con la gestión de Bush, hechas por la ACLU, no lo ayudaban en nada. “Si las políticas no son sustancialmente distintas, las comparaciones son necesarias y van a continuar”, respondió el activista, que caracteriza a la Casa Blanca como un espacio “con la piel sensible a los reproches”. “Nosotros no trabajamos para la Casa Blanca, que critica a quienes la critican, y eso es contraproducente para la democracia, porque allí debe darse una discusión vibrante donde se escuchen y valoricen las distintas perspectivas.”
Guantánamo aparece como otra de las asignaturas pendientes en la gestión demócrata. Romero no duda en afirmar que no hubo decisión política para terminar con la cárcel. “Obama no hizo suficiente para cerrarla”, se despacha. Página/12 lo consulta por la utilización del miedo para azuzar la amenaza del terrorismo. Entonces, Romero regresa a la reunión en la Casa Blanca y recuerda que Obama le preguntó al director de Human Rights Watch: “¿Sabés que hay personas que quieren matar a tu familia?”. “El uso del miedo para cambiar las leyes y quitar los derechos es muy peligroso”, asegura.
Por otra parte, Romero no duda de que Estados Unidos utiliza drones (aviones no tripulados) para eliminar a líderes de Al Qaida en Yemen, Afganistán y Pakistán. “Los drones son una manera de mantener conflictos bélicos sin poner en peligro a los soldados norteamericanos; la gente está cansada de las guerras”, evalúa. El norteamericano Anwar al-Awlaki y el saudita Samir Khan fueron asesinados por drones en 2011 en Yemen. En este sentido, para el titular de la ACLU el problema más grave es que no exista manera de revisar las decisiones de Obama. “El presidente es juez, jurado y ejecutor en esas acciones militares”, agrega. Un artículo publicado en el The New York Times a fines de mayo refuerza esa idea al mencionar que es el mismo Obama el encargado de ordenar la utilización o no de drones para asesinar a los supuestos líderes de Al Qaida.
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