Mientras desde Roma el embajador de Paraguay ante el Vaticano, Esteban Kriskovich, insiste en que “hemos tenido reuniones en la Santa Sede y allí la Secretaría de Estado reconoce plenamente al nuevo gobierno” y anuncia que el gobierno de Federico Franco invitó a Benedicto XVI a visitar el país, en Asunción se conoció una carta firmada días atrás por los representantes de Pastoral Social de once diócesis y prelaturas apostólicas en las que se reclama a los obispos católicos que “hagan una declaración que rectifique la visión que se ha dado de la Iglesia de Jesucristo al pueblo paraguayo y al mundo en estos sucesos (que culminaron con el golpe institucional contra Fernando Lugo) y, de esa manera, reafirmar su compromiso de pastores con los más humildes y desprotegidos”. El pronunciamiento de los responsables de Pastoral Social, incluido el secretariado nacional de esa rama de la actividad eclesiástica, contrasta con el inmediato reconocimiento que el Vaticano, a través del nuncio apostólico (embajador del Vaticano), Eliseo Ariotti, le dio al gobierno de Federico Franco. El nuncio fue el primer embajador en reunirse con Franco el 23 de junio, al día siguiente de la destitución de Lugo, y la foto del encuentro fue ampliamente difundida en el mundo, mientras los países sudamericanos condenaban el golpe parlamentario. Pocos días antes del derrocamiento de Lugo, los obispos católicos le habían solicitado la renuncia al mandatario finalmente depuesto. Frente a ese hecho, los responsables de Pastoral Social dicen ahora que “la actuación de algunos miembros de la CEP (Conferencia Episcopal Paraguaya), de solicitar al presidente de la República su renuncia, produjo sorpresa, confusión, dolor e indignación en los fieles y en la ciudadanía, principalmente en la gente más humilde” porque “vimos, por un lado, la aprobación de sectores de poder y, por otro, la desaprobación de sectores populares, que consideran tal postura como un alejamiento de la Iglesia de los más pobres y excluidos”.

Al mismo tiempo se hace a los obispos directamente corresponsables del golpe en vista de que “las expresiones y acciones de algunos obispos de la CEP que visitaron al presidente Lugo para pedir su renuncia fueron luego utilizadas por algunos parlamentarios como Miguel A. (Tito) Saguier y Juan Carlos Galaverna para decir que la Iglesia ya apoyaba este juicio y fundamentar sus tesis de destitución del presidente”. Galaverna fue el principal acusador de Lugo en la sesión del Senado que terminó con su destitución.

El pronunciamiento de los responsables de Pastoral Social pone en evidencia un fuerte debate en el seno de la Iglesia Católica de Paraguay ante el derrocamiento de Lugo y la actuación de la jerarquía católica. El documento, en forma de carta dirigida a los obispos responsables de Pastoral Social (Mario Melanio Medina, Oscar Páez Garcete y Cándido Cárdenas), se fundamenta en la necesidad de fidelidad a “nuestra misión y al mandato evangélico de la opción preferencial por los pobres implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza (DA 391) y que innumerables veces aparece en el Evangelio, en los documentos de la Iglesia y en la misma línea de acción pastoral en Paraguay”.

En su análisis político los coordinadores de Pastoral Social califican la destitución de Lugo de “golpe de Estado parlamentario” y aseguran que se trata de “un eslabón más del proceso que hemos vivido en nuestro país desde la asunción del presidente Lugo”. Para los dirigentes católicos que disienten con los obispos “después de 24 intentos de juicio político, materializado con la destitución de un presidente electo por amplia mayoría, se da un juicio político simulado por causas totalmente ajenas a lo que causa un juicio serio, como por ejemplo la paternidad del presidente Lugo, la cuestión ideológica, la amistad de Lugo con dirigentes Sin Tierra, etc.” Sostienen, en consecuencia, que “lo acontecido fue un golpe de Estado y un duro revés al proceso democrático paraguayo”.

Respecto de los hechos de Curuguaty, donde murieron campesinos y policías y que sirvieron de excusa para el juicio político a Lugo, los delegados de Pastoral Social afirman que “es muy doloroso vivir una violencia entre compatriotas campesinos y policías en el confuso y sospechoso suceso de Curuguaty, lo que nos lleva a instar a una profunda investigación, aclaración y castigo de los responsables sin olvidar que, aparentemente, todo fue un montaje de los políticos representantes de los grupos de poder, que luego utilizaron este hecho para justificar el golpe de Estado que dieron”. Califican el hecho de “claro oportunismo político de sectores que semanas antes habían negado el mismo tipo de juicio a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia y que pretendieron distribuir cerca de 50 millones de dólares a operadores políticos, a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral”. Y exigen “atender humana y jurídicamente a los heridos, a los que están en las cárceles y sus familiares, así también en el proceso de liberación de los detenidos e imputados”.

Señalan también que “en nuestro diálogo fraterno con algunos campesinos afectados por los sucesos ocurridos en Curuguaty, hemos visto la necesidad urgente de que la Iglesia acompañe en forma institucional a las víctimas”, para lo cual proponen una serie de acciones concretas e inmediatas. En este sentido piden a los obispos que exijan “al Estado el esclarecimiento de los hechos” que apoyen “a los campesinos con la asesoría jurídica necesaria” y que sigan “trabajando, sin ambigüedades, en la implementación de la Reforma Agraria Integral y en la recuperación de las tierras malhabidas”.