Los restos del opositor cubano Oswaldo Payá comenzaron a velarse ayer en una parroquia de La Habana, donde permanecerán hasta hoy. La muerte de Payá provocó reacciones en Estados Unidos, Europa y América latina.

Payá, de 60 años y Premio Sajarov del Parlamento Europeo en 2002, falleció el domingo en una ruta de la provincia de Granma, en el sudeste de la isla, en un accidente en el que murió también Harold Cepero Escalante, un activista del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y resultaron heridos el español Angel Carromero Barrios, del Partido Popular (PP), y el sueco Jens Aron Modig, democratacristiano. Los cuatro viajaban en un automóvil rentado, que aparentemente conducía uno de los europeos, que salió del camino y se estrelló contra un árbol cerca de la ciudad de Bayamo, a 744 kilómetros al sudeste de La Habana, según las autoridades.

La muerte del disidente generó expresiones de pésame de varios gobiernos. El vocero del gobierno chileno, Andrés Chadwick, lo recordó como “un líder de gran temple moral” y destacó su lucha como dirigente opositor, según informó el diario La Nación de Chile. El portavoz confirmó que el presidente Sebastián Piñera solicitó todos los antecedentes sobre las circunstancias en las que murió el político a la Cancillería. Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, lamentó la muerte de Payá. “Creemos que su ejemplo y liderazgo moral perdurarán”, indicó un comunicado de la presidencia estadounidense. “Es un hombre al que siempre admiré y lo seguiré admirando”, dijo, además, el presidente mexicano, Felipe Calderón. “Payá ha dedicado su vida a la causa de la democracia y los derechos humanos en Cuba”, aseguró en Bruselas un portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. También el ex presidente del gobierno español José María Aznar manifestó su pesar.

En ese contexto, la hija del disidente, Rosa María Payá, cuestionó ayer la versión oficial de lo sucedido y afirmó que otro vehículo sacó del camino al auto en que viajaba su padre. Sin embargo, la versión del gobierno fue avalada por la Comisión de Derechos Humanos, que preside el disidente Elizardo Sánchez.