Desde Lima

Un fallo de la Corte Suprema abre las puertas de la impunidad para los violadores de derechos humanos. El ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, podría ser uno de los beneficiados. El escándalo estalló cuando se conoció la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema en el proceso a los miembros del grupo Colina, destacamento del ejército que en el régimen de Fujimori operó como un escuadrón de la muerte, por el secuestro y asesinato de nueve campesinos, la desaparición de un periodista y la ejecución de quince personas, incluyendo un niño de ocho años, en la llamada Matanza de Barrios Altos. Estos crímenes ocurrieron entre 1991 y 1992.

El gobierno de Humala criticó duramente la sentencia y presentó un recurso de amparo constitucional pidiendo su nulidad. “Estoy sorprendido, y no gratamente, por esta sentencia”, dijo el presidente Ollanta Humala. La sala de la Corte Suprema que dictó esta sentencia está presidida por el magistrado Javier Villa Stein, conocido por sus simpatías con el régimen autoritario de Fujimori.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, que vio en apelación el caso contra veinte miembros de Colina –entre ellos Vladimiro Montesinos, ejecutor del trabajo sucio en el régimen fujimorista–, anuló la condena por crímenes de lesa humanidad impuesta por otro tribunal, sustituyéndola por el delito de homicidio, y redujo las sentencias que los agentes de Colina habían recibido, que llegaban hasta 25 años, a penas que van de 13 a 20 años. Uno de los acusados, que había sido condenado a 15 años, fue absuelto y liberado, y se anularon las órdenes de captura contra cuatro agentes de Colina que estaban prófugos. Este fallo también les permite a los miembros de Colina acogerse a beneficios penitenciarios para reducir su permanencia en prisión.

Esta sentencia contradice abiertamente fallos anteriores sobre los crímenes de Colina emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema, incluyendo la sentencia a 25 años impuesta a Fujimori, que calificaron como crímenes de lesa humanidad los asesinatos cometidos por el escuadrón militar Colina, por los que Fujimori fue condenado como autor mediato.

Mientras organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y casi toda la clase política salieron a condenar la sentencia de la Corte Suprema, el fujimorismo la celebró. Sus voceros se apresuraron en decir que este fallo contradice la sentencia a Fujimori por lesa humanidad por los crímenes del grupo Colina y exigieron que se anule la condena a su líder. Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, quien presidió el tribunal que condenó a Fujimori, aseguró que el fallo que favorece al grupo Colina “no afecta otros casos que son cosa juzgada”, en referencia a la sentencia a Fujimori.

“Es verdad que la sentencia a Fujimori es cosa juzgada y procesalmente no procede su nulidad, pero la estrategia del fujimorismo es básicamente política y esta sentencia es el instrumento político que el fujimorismo necesitaba. Con el argumento de que esta sentencia de la Corte Suprema dice que los crímenes por los que Fujimori fue condenado por el delito de lesa humanidad no son de lesa humanidad ya están cuestionando la sentencia a Fujimori. Buscan crear las condiciones para su liberación. La estrategia del fujimorismo es lograr un indulto, que no procede por delitos de lesa humanidad”, le señaló a Página/12 Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal.

Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas del grupo Colina se manifestaron frente al Poder Judicial condenando la sentencia de la Corte Suprema. “¿Cómo pueden decir que no es delito de lesa humanidad? Esta sentencia es una muestra de que para nosotros los pobres no hay justicia. Este mes mi hijo debía cumplir 29 años. Con esto lo han matado otra vez. ¿Cómo es posible que esto nos pase nuevamente?”, se indigna Rosa Rojas, que en la Matanza de Barrios Altos perdió a su esposo y a su hijo, que entonces tenía ocho años.

En diálogo con este diario, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que el fallo de la Corte Suprema “está jurídicamente mal planteado, es excesivamente benevolente con los asesinos y promueve la impunidad. Es un fallo cuestionable técnicamente y éticamente”. Los organismos de derechos humanos le pedirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie sobre este fallo que contradice sus sentencias. “Hay antecedentes de que la CIDH ha anulado una sentencia de la Corte Suprema”, dice Rivera.

El ex ministro de Justicia, Juan Jiménez, que dejó el cargo el lunes para asumir como primer ministro, calificó el fallo de la Corte Suprema como “una vergüenza”. Jiménez encabeza el tercer gabinete ministerial en lo que va del gobierno de Humala, que el sábado cumple su primer año. También fueron cambiados los ministros del Interior, Defensa, Salud y Agricultura. Jiménez ha ofrecido una política de diálogo frente a los conflictos sociales que han jaqueado al gobierno.