Cuando el reloj marcó las 12 de anoche, una fecha cara en la memoria de los venezolanos, el Ciadi tuvo que haber cerrado la planilla de inscripción del Estado bolivariano en ese organismo del Banco Mundial.

Como se estila en estos organismos internacionales de dominación, es más fácil entrar que salir. Como en los matrimonios. Venezuela deberá esperar por lo menos seis meses, según el artículo 71 del Convenio del Ciadi suscrito por el Estado venezolano en los años ’90, para que se haga efectiva su decisión soberana de abandonar la entidad.

El gobierno de Hugo Chávez ha denunciado que los fallos privilegian los reclamos de las empresas transnacionales y los intereses de países industrializados, principalmente de Estados Unidos, contra las naciones soberanas, sus legislaciones y tribunales. La gravedad del error cometido por el gobierno que afilió a Venezuela al Ciadi en 1995 tendrá consecuencias para la actual generación de venezolanos. Según lo pactado y pautado, deberá cumplir las sentencias que ya están en curso, lo que significan unos 5 mil millones de dólares. El retiro del organismo no anula la obligación de cumplir con los derechos y obligaciones que hayan surgido antes de que se haya concretado.

Contra los pronósticos, entre enero y julio de este año, sólo la multinacional Saint-Gobain Performance Plastics European presentó recurso contra el Estado venezolano. Se esperaban muchos más en estos seis meses.

Desde hace casi una década, varios países latinoamericanos y muchos del Tercer Mundo viven pendientes de los juicios de un tribunal internacional conocido como Centro Internacional de Arreglo de Controversia sobre Inversiones (Ciadi), dedicado a procesar demandas millonarias de empresas multinacionales contra los Estados.

Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México acumulan facturas por unos 80.000 millones de dólares en juicios por decisiones gubernamentales que afectaron inversiones radicadas en sus economías. Esta suma escala a casi 200.000 millones de dólares si ampliamos el mapa de juicios a los más de 60 países de América latina, Asia y Africa que esperan sentencia en el Ciadi.

Hasta el año pasado, ciento cuarenta y siete países habían aceptado sus normas, pero actualmente varios gobiernos tratan de alejarse del Ciadi. Esta tendencia fue inaugurada por Bolivia y Ecuador entre 2007 y 2009, cuando ambos Estados renunciaron al organismo para no pagar las demandas millonarias a favor de empresas extranjeras afectadas por decisiones oficiales. Ecuador, unos 12.000 millones de dólares y Bolivia más de 4000 millones. Desde entonces, otros cuatro países de nuestro continente, cinco del Medio Oriente y tres de Europa oriental intentan huir de este tribunal.

Guiados por las estadísticas del Ciadi/Banco Mundial, desde el año 1975 hasta 2011, su Tribunal Internacional de Controversias, con sede en Washington, juzgó y resolvió sobre 228 juicios contra 98 países. En 81 casos perdieron Estados de América latina y el Caribe, les siguieron Africa negra con 45 resoluciones en contra, Asia con 34, los gobiernos del mundo árabe con 28 sentencias desfavorables; el resto de los juicios tuvieron que pagarlos nueve Estados europeos de la ex URSS, Turquía y los pequeños países de la lejana Asia.

La Argentina es la nación con más demandas en contra dentro de los tribunales del Ciadi. Un total de 58 causas desde el año 2002 en adelante por 20.000 millones de dólares, luego de negociar una rebaja de casi 30.000 millones en 2009.

En América latina le sigue Venezuela, con 22 demandas, a un costo aproximado de 42 mil millones de dólares en expedientes, más del total de sus reservas actuales (Dr. Luis Britto García, Aporrea, Caracas 18/01/11).

La mayoría de las sentencias del Ciadi recaen sobre países latinoamericanos que pertenecen a la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y al Alba, dos organismos que sostienen políticas autónomas respecto de los principales organismos financieros internacionales.

* Escritor y periodista venezolano.