La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, admitió ayer que la economía de su país fue afectada por la crisis al igual que otras potencias emergentes, pero resaltó las diferencias con Europa al afirmar que su prioridad es garantizar el empleo y las políticas sociales. “Brasil no es una isla, todos los países del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) están siendo afectados; la diferencia entre Brasil y el Reino Unido es que Brasil tiene un sistema (económico) diferenciado... con políticas anticíclicas”, declaró la jefa de Estado.

La desaceleración del Producto Interno Bruto fue reconocida por el Banco Central, que prevé una expansión del 2,5 por ciento, dos puntos menos de lo que el gobierno prometió a principio de año, mientras el mercado financiero prevé un crecimiento de sólo el 1,9 por ciento, según un informe divulgado el lunes. “Creo que en los próximos meses vamos a crecer a una tasa mayor, pero inclusive ahora mismo estamos asegurando un nivel de crecimiento que es bastante significativo considerando la situación mundial”, señaló la mandataria.

También el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, espera que en el segundo semestre la actividad económica experimente una mejora y 2012 concluya con un ritmo de expansión próximo al 4 por ciento anualizado.

Aunque admitió problemas económicos, Rousseff reiteró ayer en Londres un argumento que había planteado hace cuatro meses en Alemania: Brasil, a diferencia de los países de la Eurozona, privilegia la generación de empleo y las políticas sociales. “Elevamos a la clase media (el equivalente) a la población de Argentina (cerca de 40 millones de habitantes) en los últimos años” y para el gobierno los “principales desafíos” son las políticas que facilitan la inclusión social, planteó.

Entre tanto el panorama laboral brasileño presenta varios frentes de conflicto de empleados estatales y privados, lo cual se tradujo en críticas infrecuentes de la Central Unica de los Trabajadores, organización vinculada con el oficialista Partido de los Trabajadores (CUT). La posición de Rousseff ante los trabajadores “nos deja extremadamente preocupados. Para resolver conflictos, el camino es el diálogo, la negociación y el acuerdo. Sin eso, la huelga es la única salida”, afirmó la CUT.

Una de las huelgas que preocupan al Palacio del Planalto es la de los metalúrgicos de San José dos Campos, interior de San Pablo, contra la amenaza de dimisión de hasta 2000 empleados por parte de la automotriz General Motors. Rousseff dejó de lado ayer su confrontación con los gremialistas y puso el foco en las montadoras y otras empresas industriales, que se han beneficiado con varias medidas de estímulo gubernamental, como la supresión del cobro del Impuesto a la Producción Industrial (IPI).

En tono casi de amenaza, la presidenta se dirigió ayer a los empresarios brasileños cuando afirmó que “nosotros damos incentivos fiscales y financieros y queremos que haya un retorno, y que éste sea en beneficio del país por entero, no para el gobierno”. Y prosiguió: “Nosotros estamos permanentemente viendo esto (desempeño de fábricas beneficiadas), porque en la medida en que se dan incentivos el gobierno observa la situación del empleo, hacemos política anticíclica para garantizar el empleo, no para otra cosa”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda informaron que se analiza cobrar nuevamente el Impuesto a IPI a las montadoras si éstas comienzan a dar de baja a empleados, y el tema será analizado en una reunión prevista para la semana próxima con la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos.

Por otra parte, Flavio Antonio Meneghetti, presidente de la Federación Nacional da Distribuçao de Veículos, dijo ayer, luego de una reunión en el Ministerio de Hacienda, que está confiado en el “sentido común” de las autoridades y espera que el gobierno no cumpla su amenaza de reimplantar el IPI, que fue suspendido hasta fines de agosto.