Los sindicatos, los partidos políticos y el sector privado que se opone a la reforma del sistema de jubilaciones impulsado por el gobierno conservador del primer ministro Jean Pierre Raffarin resucitaron en las calles el fantasma de las huelgas que en noviembre y diciembre de 1995 paralizaron toda Francia por los mismos motivos. En total, más de dos millones de personas manifestaron a lo largo del país para dejar clara su oposición a los criterios de una reforma que apunta a extender el plazo de los aportes que hacen falta para que los funcionarios y algunos gremios privados puedan obtener una jubilación equivalente al 100 por ciento de lo aportado. El jefe de Gobierno elaboró un proyecto que cambia el régimen de las cotizaciones haciéndolo pasar de 37,5 años a más de 40 en los próximos 15 años. A las nutridas manifestaciones que colmaron las avenidas de las principales ciudades se le sumó una huelga sin precedentes desde hace casi 10 años.
Los maestros, el personal de las empresas estatales de teléfono, de suministros de gas y electricidad, los transportes públicos, los aeropuertos, la radio, la televisión y hasta algunos hospitales acataron al pie de la letra la huelga lanzada por el conjunto de los sindicatos y apoyada por los partidos de izquierda. La CGT calculó en más de dos millones la cifra de personas que respondieron al llamado sindical. La manifestación realizada en la capital francesa convocó a cerca de 200.000 personas que realizaron a pie el mítico tramo que va de la Plaza de la República a la Plaza de la Bastilla y desde allí hasta Denfert Rochereau. París fue ayer una ciudad sin metros ni trenes suburbanos y lo mismo ocurrió en el gran puerto de Marsella, al sur, y en Burdeos, al sudoeste, donde sólo circularon cinco de los 540 autobuses urbanos. En vísperas del encuentro con el ministro francés de Asuntos Sociales, François Fillon, los sindicatos marcaron un valioso punto al haber movilizado mucho más allá de lo que el gobierno calculó. François Fillon reiteró no obstante que no había “ninguna alternativa a la reforma” y que, por ende, el Ejecutivo no pensaba “detenerse a mitad de camino”. Con todo, el mensaje de la calle fue tan claro que, a última hora, el ministro adelantó que estaba “dispuesto a dialogar” con quienes aspiran a mejorar el proyecto gubernamental. Los empresarios también miraron con ojos asustados la marea humana que desfiló por Francia. Ernest-Antoine Seillière, el jefe de la patronal francesa, juzgó que “Francia se empobrece en la calle”. Sin embargo, la voluntad de los sindicatos y, en mayor medida, de la población francesa, aparece inalterable. De una manera más pacífica que en otros años, tal vez menos política, la sociedad civil se muestra opuesta a un proyecto que toca uno de los pilares del sistema social francés. En las sedes de las empresas, ascensores y pasillos aparecieron tapizados con proclamas a favor de la huelga y con amplias explicaciones acerca de las consecuencias de la reforma. Una encuesta de opinión revela que más del 60 por ciento de la sociedad apoya a los huelguistas. La cifra sube al 70 por ciento cuando se trata de saber hasta qué punto la reforma de las jubilaciones constituye un riesgo para el futuro.
Conscientes de que el gobierno no esperaba una jornada paralizada a un nivel tan elevado y que tanto el primer ministro como el presidente Jacques Chirac viven con la pesadilla del movimiento social de 1995, algunos sindicatos del gremio de los transportes y de la educación nacional mantuvieron para este miércoles los llamados a la huelga. Bernard Thibault, líder de la CGT, declaró que ahora había “que ver si el gobierno sabe medir con precisión lo que está ocurriendo. Si el gobierno sigue mirando las cosas con anteojos deformantes, entonces correrá un enormeriesgo”. Luego de un año de gobierno en un clima de relativa calma social, Raffarin despertó el apetito de las huelgas y las manifestaciones tocando la cuerda ante la cual la sociedad es más sensible. La oposición al proyecto de reforma del sistema de jubilaciones logró unir a los sindicatos y resucitó la voz de una izquierda todavía golpeada por las sucesivas derrotas electorales del año pasado. El proyecto gubernamental reactualizó de paso la borrosa línea que divide a la izquierda de la derecha. Al hacerle pagar exclusivamente el costo de la reforma a la clase trabajadora, el primer ministro legitimó el discurso de los movimientos de izquierda. La unidad de este martes no tiene precedentes desde que en noviembre y diciembre de 1995 Francia se opuso a lo que se conoce como el “plan Juppé”, es decir, el proyecto de reforma de las jubilaciones lanzado por el entonces primer ministro liberal Alain Juppé. Lo que está en juego ahora sigue siendo el plazo durante el cual los empleados deberán cotizar para obtener la jubilación. Raffarin propone extender dicho plazo a fin de hacerle frente a la crisis de recursos que enfrentarán en los próximos años las cajas que pagan las jubilaciones. Concretamente, el proyecto prevé que, de aquí al año 2008, las cotizaciones de las funcionarios públicos sean iguales a las del sector privado: 40 años para una jubilación plena, luego 41 años de cotizaciones para todos a partir del año 2012 y 42 años en el 2020. Los sindicatos ponen en tela de juicio esa extensión porque consideran que la reforma barre con el sacrosanto principio de “la jubilación a los 60 años” y deja a los empleados en una situación tanto más inestable cuando que la mayoría de las empresas privadas se niegan a mantener al personal mayor de 63 años.