Tres días después de la masacre que se cobró la vida de un grupo de trabajadores en una mina de la sudafricana ciudad de Marikana, Lonmin, la empresa británica a cargo de la explotación del yacimiento amenazó con despedir a los trabajadores que mantengan la medida de fuerza y no regresen hoy a sus puestos de trabajo. A pesar de la amenaza, la mayoría de los huelguistas rechazó la intimación y mantiene su reclamo por un aumento del 200 por ciento. Entre el 10 y el 12 de agosto, diez personas –entre ellas dos policías– murieron en choques entre los trabajadores y las fuerzas de seguridad. Pero el jueves la cifra de víctimas aumentó cuando la policía abrió fuego contra una manifestación de obreros desarmados, asesinando a 34 mineros e hiriendo a otros 78. Luego de la matanza, el presidente Jacob Zuma decretó una semana de duelo nacional a partir de hoy en honor a las 44 víctimas de la mina de platino.

“El ultimátum final ha sido aplazado hasta el lunes 20 tras los acontecimientos del jueves”, dijo Gillian Findlay, vocero de Lonmin en un correo electrónico. Los trabajadores “en huelga ilegal” para reclamar aumentos salariales tienen “una última oportunidad de reanudar el trabajo o enfrentarse a un posible despido”, señaló el texto de la empresa. Ayer por la mañana, la mayoría de los mineros parecían dispuestos a rechazar la exigencia de la firma británica hasta tanto la dirección de la mina no accediera a escuchar y satisfacer sus reivindicaciones salariales. “Yo no vuelvo al trabajo. ¿Dónde está el dinero?”, se preguntaba David Sikonyela, un minero de 52 años, luego de conocer la postura de la empresa.

“Esperar que volvamos a trabajar es un insulto, muchos de nuestros amigos y colegas están muertos. ¿Esperan que reanudemos el trabajo? ¡Jamás!”, sentenció Zachariah Mbewu. “De todos modos, es mejor que nos echen, porque aquí sufrimos. Nuestras vidas no van a cambiar. A Lonmin le da igual nuestro bienestar, hasta ahora se ha negado a hablar con nosotros y ha enviado a la policía para matarnos”, señaló furioso Thapelo Modima, de 46 años. Los mineros, que al mes ganan en promedio unos 4000 rands (480 dólares), piden 12.500 rands (1500 dólares aproximadamente).

Mientras anunciaba su intención de decretar siete días de duelo nacional, el presidente Zuma manifestó que la nación estaba conmocionada y apenada, llamó a unirse contra la violencia y a reafirmar la fe en la paz, la estabilidad y el orden. Desde la presidencia se indicó igualmente que el jueves 23 de agosto será el día oficial para las ceremonias conmemorativas previstas en el país para homenajear a los mineros asesinados. En el mismo comunicado, Zuma adelantó la conformación de una comisión interministerial encargada de investigar la tragedia. Antes de que el duelo por los 44 muertos se anunciara, los comentarios políticos contra el jefe de Estado se multiplicaron y apuntaron contra el mandatario por haber mostrado una actitud pasiva durante todo el conflicto minero.

Los diarios dominicales aparecieron empapelados por la imagen de Julius Malema, el joven populista que salió del anonimato tras ser excluido en abril del gobernante Congreso Nacional Sudafricano (ANC, según sus siglas en inglés) acusado de haber hecho reiteradas provocaciones contra esa fuerza. Es que con los asesinatos consumados, el ex líder de las juventudes del ANC fue a ver el sábado a los mineros que continuaban con la medida de fuerza. Durante la visita acusó al presidente Zuma de ser el máximo responsable de la masacre y le pidió que presente su renuncia al Ejecutivo. “Zuma no se interesa por los mineros. Ayer (por el viernes) vino aquí y se reunió con los blancos. Ni siquiera sabe si los mineros están sanos y salvos”, dijo rodeado de huelguistas.

En tanto, ayer se supo, en el marco de la pesquisa, que la Dirección de Investigación Independiente de la Policía de Sudáfrica (IPID, en inglés) pudo recuperar al menos trescientos casquillos de bala en el lugar donde la policía disparó con impunidad aviesa sobre la columna de obreros que estaban en huelga, según informan ayer medios locales. El semanario Sunday Tribune publicó que investigadores del IPID secuestraron, además de las trescientas vainas, armas que fueron utilizadas supuestamente durante la masacre, calificada como el peor episodio de violencia desde principios de los ’90, cuando el régimen sudafricano racista conocido como apartheid llegó a su fin. El mismo medio señaló que un equipo de 43 policías peinaron en la noche del sábado la zona donde los mineros cayeron baleados para recoger más pruebas que esperan utilizar durante la instrucción de la causa.

Por otra parte, el gobierno citó a 180 testigos de la matanza para ser interrogados y averiguar las circunstancias de la balacera. Un total de 34 mineros, armados con palos y machetes y que llevaban varios días en huelga para protestar por las condiciones de trabajo impuestas por Lonmin fueron acribillados a tiros por un grupo de policías. En su descargo, los agentes aseguraron que habían actuado en defensa propia ante el ataque enardecido de los manifestantes. El Instituto Sudafricano para las Relaciones Raciales señaló que la respuesta policial fue completamente inaceptable. “Aunque se hubiera provocado a la policía, se les hubiera disparado durante el incidente o estuvieran afectados por la muerte de dos de sus colegas en los días anteriores de la huelga, ningún agente disciplinado y bien entrenado debería disparar sobre el público”, subrayó el grupo de derechos humanos en su comunicado. La ministra de Recursos Minerales de Sudáfrica, Susan Shabangu, adelantó que el gobierno de Zuma creará una comisión que examine las leyes laborales que rigen la explotación del platino. El grupo de expertos estaría compuesto, en principio, por miembros de la industria, los sindicatos, representantes del gobierno y líderes tradicionales del sector.