El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, anunció ayer la hoja de ruta de su gobierno para los últimos meses del año, que incluyen importantes medidas fiscales y otras para facilitar el empleo entre los jóvenes, así como la aprobación del presupuesto 2013, de los tratados europeos y el casamiento entre personas del mismo sexo, hasta facilitar el acceso a la vivienda. “El cambio está en marcha. Y no va a detenerse”, sostuvo Ayrault desde el palacio presidencial del Elíseo, luego del primer consejo de ministros, tras las vacaciones estivales y en referencia al slogan de campaña del presidente socialista François Hollande, “El cambio es ahora”. “Un gobierno no se mide en cien días, sino en cinco años, que es lo que dura un período presidencial”, remarcó Ayrault, buscando acallar críticas de inacción por parte de la oposición conservadora luego de que la semana pasada Hollande cumpliera un centenar de días en el cargo.

A pesar de un crecimiento de la economía casi nulo, Ayrault afirmó que Francia cumplirá con su compromiso ante sus socios de la Eurozona de reducir el déficit público del actual 4,5 por ciento al 3 por ciento, algo que, según la Corte de Cuentas, podrá alcanzar recortando gastos por 33.000 millones de euros. Asimismo, Ayrault presentó un calendario detallado que incluye la agenda legislativa.

El 29 de agosto, el Parlamento –el socialismo posee mayoría en ambas Cámaras– adelantará el inicio de sus sesiones para impulsar un dispositivo que potencie el empleo en los jóvenes, lo que permitiría generar 100.000 puestos de trabajo antes de fin de año. En tanto, desde el 14 de septiembre se realizará una conferencia medioambiental, que entre otros temas discutirá una salida progresiva de la energía nuclear.

Cinco días más tarde, el Parlamento comenzará con un período de sesiones extraordinarias para debatir los tratados europeos acordados a fines de junio. El 24 de septiembre se presentará el proyecto de ley de finanzas.

A fines de octubre, el Parlamento debatirá sobre el casamiento homosexual, mientras que antes de fin de año se creará una banca pública de inversiones, se buscará reformar el sector bancario y se adoptará un texto sobre la modernización de la vida política.

En otro orden, luego de la polémica sobre el desmantelamiento de campamentos de gitanos de la etnia romaní –oriundos mayoritariamente de Rumania y Bulgaria, países que integran la UE–, el gobierno francés anunció ayer que no va a renunciar a las expulsiones de gitanos y a los desmantelamientos de sus campamentos cuando vayan acompañados de una orden judicial. Sin embargo, decidió suavizar la presión que pesa sobre ese colectivo.

El gabinete del primer ministro Ayrault difundió un comunicado dejando en claro que los desalojos son legítimos cuando responden a una decisión de la Justicia o ponen fin a una situación de peligro o riesgo sanitario inmediato. El Ejecutivo, no obstante, se comprometió a aportar, en colaboración con las colectividades locales y las asociaciones de derechos humanos, una respuesta global y adaptada a la situación de las personas y familias afectadas.

Luego del encuentro, precedido por una reunión con el colectivo Romeurope, se anunció que se busca además la movilización de los dispositivos existentes para atender a las personas más vulnerables y, eventualmente, aplicar estructuras de acogida provisionales. Las organizaciones humanitarias esperaban el levantamiento de las medidas transitorias que, según ellas, limitan el acceso de ese colectivo al mercado laboral, al obligar a la empresa a pagar una tasa de 700 euros y limitar la lista de trabajos a los que pueden acceder.

El gobierno no tomó esa decisión, pero en cambio anunció que para favorecer la inserción de los ciudadanos procedentes de Bulgaria y Rumania ampliará el actual listado de 150 empleos y suprimirá esa tasa. Durante la vigencia de esas medidas transitorias, que se aplican a los nuevos miembros de la UE, fijadas en este caso hasta fines de 2013, rumanos y búlgaros podrán ingresar al país galo sin requisitos y permanecer tres meses. Pero, después de esa fecha, se los puede expulsar si carecen de una tarjeta de residencia que sólo se obtiene con un contrato de trabajo.