Manifestantes independentistas se manifiestan frente al Parlamento regional en Barcelona.
Imagen: AFP.

En una decisión que se encamina a ser histórica para una de las zonas más ricas de España, el Parlamento de Cataluña aprobó ayer una resolución que insta al gobierno regional, que surja de las elecciones del 25 de noviembre, a celebrar un referendo sobre la independencia de la región nororiental respecto del territorio peninsular. La resolución conquistó el voto positivo y el apoyo de 84 de 131 diputados presentes en el Parlament (Parlamento regional). Quienes se expresaron a favor de la iniciativa fueron los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU), actualmente en el poder, los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Solidaritat. También el diputado Joan Laporta, ex presidente del FC Barcelona, y el socialista Ernest Maragall, que pateó el tablero al romper con la disciplina partidaria. Los 21 votos en contra fueron del Partido Popular (PPC) y de Ciutadans, mientras el Partido Socialista de Cataluña (PSC, brazo territorial del PSOE) se abstuvo.

En pleno recrudecimiento de la crisis económica y aumento del malestar social, se abre así un conflicto político de envergadura que añade más incertidumbre a la compleja situación que vive España. La vía soberanista inaugurada por Cataluña, apoyada en el derecho de autodeterminación, se enfrenta no sólo a obstáculos jurídicos fijados por la Constitución española sino a la firme determinación política del Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) de velar por la integridad territorial del país. Desde Madrid, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que el Ejecutivo central cuenta con instrumentos jurídicos y judiciales para frenar la iniciativa y está dispuesto a usarlos.

Según afirmó la número dos del Ejecutivo del presidente Mariano Rajoy, la convocatoria podría quedar anulada nada más con que lo pida el gobierno al Tribunal Constitucional. Además, Sáenz de Santamaría dejó claro que una consulta de ese tipo requiere de la autorización por parte del Estado y que, en todo caso, afectaría al conjunto del pueblo español, porque “a todos nos compete decidir sobre la organización territorial”. El texto de la iniciativa catalana pide que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo.

Aunque el documento no establece una fecha, insta al gobierno catalán a hacer una consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura, que se iniciará tras los comicios anticipados de noviembre. La votación de ayer, que pone fin a la Legislatura catalana más corta desde el retorno de la democracia, fue impulsada por el presidente regional, Artur Mas, quien el pasado martes convocó a comicios anticipados en busca del aval de las urnas para iniciar el camino hacia su independencia de España.

Mas justificó su decisión en la multitudinaria manifestación separatista del pasado 11 de septiembre en Barcelona y en el posterior rechazo del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a su proyecto de pacto fiscal, similar a la soberanía presupuestaria del País Vasco. En línea con los argumentos esgrimidos por Mas en los últimos días, el texto del Parlamento asegura que “los intentos de encaje de Cataluña en el Estado español y sus reiteradas respuestas son hoy una vía sin recorrido”, por lo que “Cataluña debe iniciar una nueva etapa basada en el derecho a decidir”.

Asimismo, se expresa la necesidad de que Cataluña “haga su propio camino”, para “garantizar el progreso social, el desarrollo económico, el fortalecimiento democrático y el fomento de la cultura y la lengua propias”. El mandato del Parlamento pide también al próximo gobierno regional que busque el máximo consenso posible para llevar a cabo la nueva hoja de ruta hacia la independencia, con diálogo con el gobierno español, la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional.

La apuesta de Mas es que Cataluña siga en la UE y la Zona Euro, pero socios de peso como Reino Unido, Francia, Italia o Bélgica no están dispuestos a avalar un nuevo Estado-Nación basado en criterios que pueden animar a otras comunidades a reclamar lo mismo. A pesar de que el presidente catalán se había mostrado partidario a la independencia en el pasado, no fue hasta la multitudinaria manifestación de la Diada, que se llevó a cabo el 11 de septiembre, que se puso al frente de este reclamo histórico.

La masiva marcha puso de manifiesto que el independentismo está ganando adeptos en Cataluña en el terreno de incertidumbre abonado por la crisis económica que atraviesa toda España. Con 7,5 millones de habitantes, la norteña Cataluña es la comunidad más rica de España, pero también una de las más endeudadas. Mas, firme defensor de la doctrina del ajuste, culpa a Rajoy de la actual situación financiera de la comunidad, que tuvo que pedir un rescate al Ejecutivo central para evitar el default.