Cuatro de los detenidos por la matanza de junio en Paraguay, que derivó en un golpe institucional contra el entonces presidente Fernando Lugo, y que están en huelga de hambre fueron trasladados ayer a un hospital. En tanto, desalojaron violentamente a los manifestantes que hacían una vigilia ante la fiscalía por el caso.

Los internados son Luis Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, cuyo estado de salud se agravó debido a los ayunos que realizan como parte de una protesta iniciada hace 58 días para exigir su liberación. Los detenidos fueron trasladados desde la localidad de Coronel Oviedo, en la región central del país, donde se encontraban recluidos, hasta el hospital nacional de la ciudad de Itauguá, a 35 kilómetros al este de la capital. El director médico del hospital de Itauguá, Mauricio Ortiz, dijo, en declaraciones a los periodistas, que restringieron las visitas para los nuevos pacientes para evitar posibles infecciones, debido a que presentan una disminución de sus defensas inmunológicas. El profesional remarcó que Agüero se encuentra en estado delicado, ya que se resiste a consumir líquidos y eso podría agravar su situación en los próximos días. Los detenidos exigen su liberación y desvinculación del proceso que se sigue a un total de quince campesinos detenidos tras una operación policial de desalojo de “sin tierras” en una finca de Curuguaty, ocurrida el 16 de junio último, en la que murieron seis policías y once campesinos. Los campesinos están acusados de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros cargos. La fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados” en Curuguaty.

Representantes de grupos civiles y sociales que desde hacía días llevaban adelante una vigilia ante la sede de la fiscalía en Asunción, para acompañar el reclamo de los ayunantes, fueron desalojados violentamente por la policía. El ministro del Interior, Carmelo Caballero, adelantó que se evaluarán las denuncias por el desalojo y dejó en claro que el gobierno no apañará comportamientos contrarios a la ley y las normas establecidas de la Policía Nacional. El titular de Interior detalló que el desalojo fue por “perturbación del orden público” y la fiscalía defendió la medida en que se basó en la ley que prohíbe que las concentraciones duren más de doce horas seguidas. En la conferencia, acompañaron a Caballero el titular de la Secretaría de Información y Comunicación, Gustavo Köhn; la ministra de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia; el subcomandante de la policía, Carlos Altemburger; el viceministro de Justicia, Carlos María Aquino, y el fiscal Emilio Fuster, responsable del procedimiento.