El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concluyeron ayer una nueva ronda de negociaciones de paz. Además, el gobierno advirtió a los alcaldes que no pueden entablar conversaciones con la organización en sus regiones.

En La Habana y según declararon ambas partes –que reanudarán sus conversaciones el 14 de enero–, las negociaciones han estado marcadas por “un ambiente de respeto” y un “espíritu constructivo”. En el ciclo que finalizó, los negociadores del presidente Juan Manuel Santos y los de las FARC han avanzado en la discusión del problema de la tierra, un debate que retomarán en enero para estudiar las propuestas concretas que permitirán esbozar acuerdos, según un comunicado conjunto divulgado ayer. En las últimas semanas, la mesa negociadora ha activado también mecanismos de participación ciudadana en los diálogos de paz como una página web a la que han llegado 2933 propuestas o la celebración de un foro sobre desarrollo agrario integral en Bogotá cuyas aportaciones llegarán a La Habana el 8 de enero.

El ex vicepresidente Humberto de la Calle, líder de los negociadores del gobierno, leyó ayer una declaración ante periodistas en la que alabó la “seriedad” con la que los colombianos aceptaron esos mecanismos y animó a que sigan enviando sus propuestas porque, según indicó, serán valoradas apropiadamente. Se refirió, por ejemplo, a las propuestas de una organización de campesinos del suroccidente de Colombia que agrupa a 72 familias que han adquirido tierras mediante un “esfuerzo asociativo” y al caso de un grupo de jóvenes del eje cafetero que comercializan pescado y tienen una microempresa de abonos orgánicos. De la Calle, quien no respondió preguntas de la prensa, precisó que en enero la mesa continuará la discusión del tema agrario y que esperan avanzar con mayor celeridad y en forma expedita. “Mantendremos la discreción, que es elemento esencial para no repetir errores del pasado, lo cual no implica que el proceso no sea transparente. Cumpliremos con el deber de informar oportunamente”, señaló. Asimismo, consideró a todos los puntos restantes de la agenda como sensibles y vitales. “El reto es grande”, indicó. Al repasar los objetivos del actual proceso, insistió en que se buscan acuerdos dentro de un marco de garantías para el Estado y la guerrilla, que permitan que las FARC dejen de ser un grupo armado al margen de la ley y se conviertan en una organización política legal. “Para ello no tienen que abandonar su ideología y el gobierno no tiene que cambiar su modelo de sociedad. No estamos negociando el modelo de desarrollo de Colombia ni el sistema democrático de gobierno. Estamos trabajando sobre la visión conjunta del fin del conflicto”, resaltó.

El tramo de la mesa de diálogo que finalizó ayer en Cuba comenzó el pasado 5 de diciembre, después de un primer ciclo que tuvo lugar entre el 19 y el 29 de noviembre en el Palacio de Convenciones de La Habana, sede de la mesa de negociación. Según datos del gobierno colombiano, desde el 19 de noviembre las delegaciones han tenido 21 sesiones.

Durante la misma jornada se dio a conocer una carta mediante la cual el gobierno colombiano les recordó a los alcaldes que no pueden entablar conversaciones con las FARC en sus regiones y apuntó que el incumplimiento de esa directiva puede tener consecuencias penales. La misiva fue enviada a los gobernantes municipales por el ministro del Interior, Fernando Carrillo, ante rumores que indican que las FARC estarían buscando un diálogo con autoridades del departamento de Guaviare (sur). “Es exclusivamente a través de la mesa de diálogos de La Habana, y de las personas designadas para ello, que se puede entablar algún tipo de diálogo con los grupos armados ilegales y en particular con las FARC”, indicó Carrillo.