El vicepresidente egipcio, Mahmud Meki, renunció ayer mientras se desarrollaba la segunda fase del referéndum sobre la nueva Constitución.

A la dimisión del vicepresidente se sumaron denuncias de irregularidades durante la votación.

Con más de 25 millones de egipcios habilitados para votar y en pleno desarrollo de la segunda fase de la consulta en 17 provincias de Egipto, el vicepresidente presentó su renuncia. Meki, de profesión juez, explicó que inicialmente había presentado su renuncia el 7 de noviembre pero la postergó hasta este por una serie de acontecimientos, entre ellos la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en Gaza, y la decisión del presidente Mohamed Mursi de ampliar temporalmente sus poderes. “Consideré que era un momento adecuado para anunciar mi dimisión como vicepresidente de la República”, dijo. Mediante un comunicado dio más detalles a cerca de su decisión. “Desde hace un tiempo me he dado cuenta de que la naturaleza del trabajo político no corresponde a mi formación profesional como juez”, indicó mediante un comunicado.

Meki es un magistrado conocido por su lucha a favor de las reformas durante el derrocado régimen del ex presidente, Hosni Mubarak. Junto a otros jueces, denunció los comicios parlamentarios de 2005 que, según los opositores, estuvieron teñidos de fraude. Pese a desarrollar su carrera profesional en la Justicia, Meki se había convertido en vicepresidente de Egipto el 12 de agosto, nombrado por Mursi.

Durante la jornada, y sumado a la renuncia del vicepresidente, los aliados al gobierno y la oposición realizaron denuncias de irregularidades. El Movimiento Jóvenes del 6 Abril, opositor a Mursi, denunció ayer varias irregularidades supuestamente cometidas por grupos islamistas durante el referéndum. Uno de los voceros del grupo, Mohamed Adel, señaló que registraron varias infracciones cometidas por los Hermanos Musulmanes, como la distribución de comida a la gente para que vote a favor. Según Adel, el mayor número de irregularidades se están produciendo en el barrio cairota de Imbaba, en la provincia de Giza, y en Minia, 250 kilómetros al sur de la capital. En un comunicado, el movimiento juvenil detalló que en Al Miniya la Hermandad Musulmana contrató colectivos para transportar a los votantes para que sufraguen por el “Sí”. El texto del comunicado agrega que en la ciudad de Damieta detectaron a militantes de los Hermanos Musulmanes y salafistas repartiendo dinero a los votantes. Asimismo, el movimiento se quejó porque varios jueces de distintas provincias no permitieron la entrada de sus observadores en varios centros electorales. Algo similar reclamó el Frente de Salvación Nacional (FSN), que agrupa a gran parte de la oposición no islamista de Egipto. El movimiento manifestó que en algunas provincias hubo centros electorales en los que se vetó el acceso a sus observadores. En algunos colegios de Qena, el FSN aseguró que vio a miembros del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes, pidiendo a la gente que votara por el “Sí”. En otros lugares observaron el retraso de más de dos horas, en la apertura de varios colegios.

En un comunicado publicado en su página web, los Hermanos Musulmanes citaron una serie de infracciones detectadas por sus seguidores en distintos puntos del país. Mediante esta vía aseguraron que remanentes del régimen de Mubarak repartieron papeletas en los colegios de la localidad de Al Bagur con la frase “No a la Constitución que divide Egipto”. Asimismo, afirmaron que las fuerzas armadas tuvieron que intervenir en la aldea de Al Baraguil, al sur de la capital, para impedir que el alcalde “orientara” el voto de los electores a favor del “No”. Además, se quejaron de que varios canales de televisión, propiedad de responsables del antiguo régimen, que no identificaron, intentaron influir en el voto de los electores y cubrieron el proceso electoral de manera sesgada.

La división del país en dos zonas de votación consecutiva se llevó a cabo para hacer frente al boicot de los jueces encargados de supervisar el referéndum, enfrentados a Mursi, al que acusan de socavar la independencia de la Justicia. Para los partidarios del presidente, la adopción de una nueva Constitución dotaría por fin al país de un marco institucional estable que pondría fin a la tumultuosa transición que vive Egipto desde la caída de Mubarak en febrero de 2011. En tanto, la oposición, compuesta en su mayoría por movimientos de izquierda y liberales, considera que este texto abre la puerta a una creciente islamización y presenta importantes lagunas en materia de protección de las libertades.

En este contexto, el “Si”, apoyado por los islamistas, triunfó en la primera ronda de la consulta celebrada el sábado pasado, en diez provincias –entre ellas El Cairo y Alejandría–, según los resultados oficiosos ya que la Comisión Electoral los anunciará después de la segunda fase.