Un acuerdo para evitar que se juzgue un caso de corrupción vinculado con uno de los partidos que gobierna en la norteña Cataluña generó estupor en España. Y motivó una ola de pedidos de dimisión al líder nacionalista Josep Antoni Duran i Lleida. El caso, conocido como Pallerols, destapó una trama de financiación ilegal del partido democristiano Unió Democrática de Catalunya (UDC) en los años ’90 a través de fondos europeos. La UDC es una de las dos formaciones que componen la federación nacionalista Convergencia i Unió (CiU), que en aquel entonces, como ahora, ostentaba el poder regional.

Casi dos décadas después, la defensa de los seis acusados de UDC llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio, tras reconocer el desvío de fondos y aceptar la devolución de 338.000 euros de los 800.000 inicialmente solicitados. El acuerdo es legal pero, en medio de una grave crisis económica y del desprestigio de la clase política, desencadenó una marea de indignación ciudadana, que se puso de manifiesto en las redes sociales así como pedidos de la oposición para que dimita el máximo responsable de UDC, Duran i Lleida.

En el año 2000, cuando se destapó el escándalo político, el líder democristiano dijo en declaraciones a la emisora Cadena Ser que presentaría su dimisión en el caso de que algún día se demostrara que su partido se hubiese financiado de manera ilegal. Duran i Lleida aún no se pronunció al respecto, pero su formación, aunque pidió perdón, desestimó su dimisión al considerar que no existen motivos para que renuncie, ya que Unió no está condenada por financiación irregular.

Marta Llorens, vocera del partido, dijo en conferencia de prensa que UDC devolverá los fondos por responsabilidad civil derivada de que algunos dirigentes, que fueron apartados del partido, cometieron actos ilícitos con los que financiaron mobiliario y el alquiler de sedes. Sin embargo, destacó el hecho de que serán los primeros salpicados por un caso de corrupción que devolverán el dinero y que estos actos se cometieron sin conocimiento de la dirección partidaria.

En Twitter, bajo la etiqueta #Pallerols o Pacto fiscal, estallaron las muestras de repudio al acuerdo judicial y las demandas para que se ponga fin a la impunidad de los políticos. “La Justicia no es igual para todos”; “20 años para acabar con un acuerdo para tapar la corrupción de Unió”; “En una Cataluña independiente la resolución hubiese sido la misma” o “la fiscalía no debería llegar a un acuerdo, la sensación de que los políticos tienen impunidad es perniciosa y debe acabar”, fueron algunos de los mensajes difundidos en esa red social.

El primer dirigente en pedir responsabilidades a Durán i Lleida fue Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), segunda fuerza política tras las elecciones regionales de noviembre y socio clave para CiU y su plan de celebrar un referéndum independentista. “Que haya un acuerdo con la fiscalía para evitar que el juicio vaya hasta el final cuando alguien malversa me parece fatal”, dijo. “¿Cómo la gente no va a tener mala imagen de los políticos?”, se preguntó Junquera en declaraciones radiales. Los socialistas catalanes calificaron los hechos de gravísimos y exigieron que Durán asuma responsabilidades, en la misma línea que el derechista Partido Popular (PP).