El gobierno uruguayo, a través de la comisión especial creada para reparar el daño causado por la dictadura, otorgó –entre 2010 y la actualidad– reparaciones económicas a 277 familiares y víctimas de crímenes, informó ayer en un comunicado. Según señaló el Ministerio de Educación y Cultura, encargado de gestionar la aplicación de la ley 18.596, aprobada en 2009 con este objetivo, hasta la fecha se han resuelto 366 casos, algunos de los cuales recibieron tan solo una compensación simbólica y otros atención sanitaria.

Así recibieron una compensación económica 78 niños que nacieron en cautiverio o permanecieron detenidos con sus padres más de 180 días, además de 148 familias de víctimas fallecidas o desaparecidas, 45 personas que sufrieron lesiones gravísimas a causa de las torturas a las que fueron sometidas y 6 niños que estuvieron desaparecidos por más de 30 días. De los más de 500 expedientes que se analizaron, fueron desestimadas 29 peticiones de reparación.

El gobierno informó también que para aplicar la ley se establecieron acuerdos entre las autoridades médicas y la Facultad de Medicina para contar con una mayor cantidad de peritos médicos capaces de tipificar las lesiones invocadas por aquellos que solicitaron una reparación y poder así otorgar lo previsto en la norma.

La ley 18.596 contempla que las víctimas de la dictadura (1973-1985) y de los crímenes cometidos por el Estado en los cinco años precedentes (1968-1973) sean reconocidas y reparadas a través de un certificado público, así como con prestaciones médicas, asistencia psicológica e indemnizaciones económicas en casos que lo ameriten.

No es la primera norma de estas características que se aprueba en el país, aunque todas se promulgaron con la llegada al poder en 2005 del Frente Amplio (FA), actualmente en el gobierno. En 2006 fue sancionada por el Parlamento la ley 18.033 para compensar a todos aquellos uruguayos que por culpa del régimen militar perdieron sus trabajos.

Al año siguiente, el Ejecutivo envió al Parlamento una ley para reparar también a los familiares de las víctimas de los policías y militares fallecidos en aquella época a manos de la guerrilla tupamara, lo que generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de izquierda.

El año pasado, el gobierno que preside José Mujica y que cuenta con varios ministros que fueron también tupamaros lideró un acto solemne por el que el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad por el caso Gelman, como se conoce la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y la pérdida de identidad de la hija que tuvo en cautiverio.

Además, por aquella causa fijó una indemnización de 500.000 dólares, una cifra bastante superior a las compensaciones económicas precedentes, de unos 150.000 dólares. Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003, la dictadura uruguaya dejó tan solo 38 desaparecidos en el país. En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una, todas ellas relacionadas con el Plan Cóndor, orquestado por las dictaduras de América del Sur para reprimir a sus disidentes políticos.