Desde México DF

Entre la sorpresa de algunos críticos y la desconfianza que prevalece no sólo entre los jóvenes del movimiento #YoSoy132 sino del principal órgano empresarial del país, Enrique Peña Nieto dio un nuevo golpe efectista para reafirmar su legitimidad como presidente de México mediante una iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones negociada con el PRI, el PAN y el PRD, la cual aborda algunos pendientes históricos en la democratización de los medios y toca directamente los intereses de los principales monopolios nacionales de televisión y telefonía, pero también deja abierta la posibilidad de intromisión gubernamental en los contenidos difundidos por los medios.

Para algunos observadores, esta reforma implica que Peña Nieto busca sacudirse la influencia de Televisa, a la que se atribuye la construcción política del actual presidente, y también un freno a las ambiciones de Carlos Slim, quien domina la telefonía y la conexión a Internet en el país.

Por lo pronto, la primera reacción de Televisa, controlada por Emilio Azcárraga Jean, y de Telmex, la empresa insignia de Slim, fue de aceptación de la iniciativa de reforma de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual gira en torno de cinco ejes: reconocer el derecho al acceso a las tecnologías de la información; considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general; la creación de órganos reguladores autónomos, así como de tribunales especializados, y nuevas atribuciones gubernamentales en materia de concesiones de radio y televisión.

Además abre hasta el 49 por ciento a la participación de la inversión extranjera en radio y televisión, hasta ahora reservados para mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, y hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones. Ambas propuestas pretenden facilitar la culminación de la transición digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

A punto de ser discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, como primer paso del largo proceso que representa una reforma constitucional, la iniciativa pretende retomar la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, mediante la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sería un órgano autónomo del gobierno para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y que históricamente ha sido utilizada discrecionalmente por los presidentes para presionar a los dueños de las televisoras y las estaciones de radio.

Los críticos reconocen que, pese a que tiene omisiones, contradicciones y ambigüedades, la propuesta de Peña Nieto, avalada por la oposición en el llamado Pacto por México, también representa un gran avance.

Destaca en la iniciativa la prohibición para la “transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, una práctica común durante procesos electorales mediante la venta de notas o entrevistas a candidatos y partidos políticos, con pagos subrepticios. También se establece la obligatoriedad de “regular el derecho de réplica”, algo que no ocurre en radio y televisión.

La reforma pasa también por la digitalización de la radio y la multiprogramación, que abarca tanto radio como televisión, así como reconocer como derecho humano el acceso a la banda ancha de Internet.

En materia de competencia se abre la posibilidad de que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pueda entrar al negocio de la televisión restringida, algo que la administración de Felipe Calderón le negó mediante la interpretación torcida de instrumentos jurídicos, plegándose así a los deseos de Emilio Azcárraga Jean, el dueño de Televisa, que hasta ahora había logrado bloquear todo intento de competencia. De hecho, la iniciativa propone hasta dos nuevas cadenas de televisión abierta, lo que rompería el duopolio que representan Televisa y Televisión Azteca, las dos empresas que juntas controlan los principales siete canales del país.

Fuera de México, la reforma propuesta por Peña Nieto fue alabada por Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist. El semanario estadounidense le atribuyó la intención de eliminar los bloqueos monopólicos en el sector de la telefonía, Internet y de la televisión, afectando los intereses de Azcárraga y de Slim. Por lo pronto, las acciones de Televisa y de Telmex en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso en la Bolsa de Nueva York sufrieron considerables pérdidas la semana pasada, tras conocerse el contenido de la reforma.

Una preocupación es un añadido constitucional al artículo 6, que da al Estado la facultad de tutelar “la pluralidad y la veracidad de la información” que se difunde por medios de radiodifusión. Esto abriría las puertas para que el gobierno se erija como censor. Sin embargo, el artículo 7 de la Constitución considera “inviolable” la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y prohíbe los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, infraestructura y tecnologías de la información y comunicación.

El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las principales empresas del país, celebró la iniciativa de reforma, pero advirtió los riesgos en materia de regulación de contenidos y los consecuentes excesos que podrían limitar la libertad de expresión en México. Por lo mismo, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios expresó su preocupación porque el nuevo órgano regulador propuesto se convierta en juez y parte, lo que tal vez desincentive la inversión privada en el sector de telecomunicaciones.

Paradójicamente, la desconfianza empresarial se empata con el rechazo del movimiento #YoSoy132, que reclamó la inclusión de las propuestas ciudadanas para validar la iniciativa de Peña Nieto, en tanto que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, junto con más de 200 organizaciones civiles y cientos de personalidades públicas, lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores y que éstos aprueben una reforma que signifique una verdadera democratización del sistema de medios que garantice la competencia y el derecho a la información de la sociedad mexicana y no sea una mera operación de gatopardismo.