Por Juan Arias*
Desde Rio de Janeiro

Al presidente Luiz Inácio Lula da Silva le ha salido una espina en su voluntad de llevar a cabo algunas reformas constitucionales consideradas indispensables para el “nuevo curso político”, entre ellas la reforma de la Seguridad Social, paradigma del injusto sistema de distribución de renta de este país. La espina se la está hundiendo en su carne el Poder Judicial, que es el que mayores resistencias está poniendo a las reformas y que se ha cerrado en una defensa a ultranza de los derechos de una de las instituciones más privilegiadas del país.
Todo ello comenzando por el presidente del Supremo Tribunal Federal de Justicia, Mauricio Corrêa, que acaba de tomar posesión del cargo afirmando: “La magistratura puede estar tranquila porque ella no está sola ni desamparada”. Le hizo eco su antecesor en el cargo, Marco Aurelio, quien llegó a afirmar que la seguridad social sólo podría cambiarse “con una revolución”. Y si era poco, el presidente del Tribunal Superior del Trabajo, Francisco Fausto, acaba de afirmar textualmente: “Siento no poder pintarme la cara y salir a la calle pidiendo que caiga el gobierno o gritando: ¡Fuera Lula!”.
Por todo ello, la columnista económica del diario O Globo, Mirian Leitáo, escribió ayer que “nunca se había visto a tantos líderes de un poder usando tan mal el poder que les había entregado la sociedad”. Y añade que los jueces y magistrados “no fueron escogidos para presidir una especie de Sindicato Supremo del Poder Judicial”.
La oposición que el Poder Judicial está haciendo a la reforma de la seguridad social se debe a que es una de las categorías que va a perder mayor número de privilegios acumulados a lo largo de los años. Basten algunos números: los jueces tienen 60 días de vacaciones, un sueldo muy por encima de la media de los otros funcionarios públicos del mismo rango, son inamovibles, vitalicios y estables. La estructura salarial del Poder Judicial acumula una serie de privilegios que fueron creados a través de sentencias del mismo. Así se llega al caso de que un juez de segunda instancia pueda ganar más que el presidente de la Corte Suprema. Además, los varones pueden jubilarse, con el sueldo integral a los 53 años y las mujeres a los 45. Algunos se jubilan hasta con 12.000 dólares mensuales.
En los últimos años los gastos anuales del Ejecutivo se doblaron y los del Poder Judicial pasaron de 2,6 billones de reales a 10,3 billones. Muchos de los abogados que han trabajado en la empresa privada en los últimos años se pasan a la magistratura para jubilarse con el sueldo integral. El presidente del Supremo Tribunal, Correa, enemigo de la reforma, goza en este momento, además de su sueldo como presidente de dos jubilaciones acumuladas. A quien se lo ha hecho ver ha respondido: “No soy ninguna Madre Teresa para renunciar a algo a lo que tengo derecho”.
La reforma constitucional de la Seguridad Social que Lula ha presentado a la aprobación del Parlamento acaba con éstos y con muchos otros privilegios del pasado. Y ello crea fuertes resistencias, incluso dentro de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT) que tradicionalmente ha sido el defensor de los derechos de los funcionarios públicos.
Lula sabe todo esto. Sabe que se juega todo su prestigio en la aprobación de dicha reforma sin la cual este país seguiría arrastrando el triste record de ser un país rico con el mayor índice de injusticias de América latina. Ya su sucesor, Fernando Henrique Cardoso había afirmado que Brasil “es un país rico pero injusto”.
*De El País de Madrid. Especial para Página/12.