Por Manuel Délano *
Desde Santiago

La preocupación por el paradero de los 1185 detenidos desaparecidos en la dictadura de Pinochet retornó a las primeras planas cuando faltan tres meses para que se cumplan 30 años del golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 acabó con la democracia chilena. El gobierno anunció que propondrá en julio una nueva fórmula para resolver una ecuación hasta ahora imposible, con verdad, justicia, reparación y reconciliación. El presidente Ricardo Lagos se reunió o escuchó opiniones de todos los partidos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), los militares, y esta semana fue el turno de las iglesias y la masonería.
En el gobierno descartan por completo que se trate de un punto final y sostienen que habrá una revisión de las reparaciones y mecanismos para facilitar las investigaciones judiciales, entre otras medidas. Mientras tanto, cerca de 200 militares en servicio activo y en retiro están siendo citados a declarar por las investigaciones de jueces en diferentes casos. Una jueza hizo comparecer a un curso completo, 70 oficiales de infantería. Otro magistrado pidió la nómina íntegra de la escuela de paracaidistas, un tercero convocó a todo el personal del regimiento Calama. Hasta ahora han sido procesados 169 militares, entre ellos 46 oficiales del ejército, incluyendo diez generales, cuatro brigadieres y once coroneles.
En una nueva demostración de su intento de alejar a su institución de la dictadura, el jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, clamó hace unos días por un “nunca más”, que recibió amplios elogios. Repitiendo varias veces la expresión, pidió “nunca más” a una clase política como la que fue incapaz de detener la crisis de 1973, “a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar”, en la primera referencia crítica hacia la derecha que ha formulado un comandante en jefe, “a los excesos, crímenes, violencia y terrorismo”, a un sector ausente y pasivo, a una “sociedad chilena dividida”.
Paradójicamente, quien tomó la iniciativa en la escena política para reabrir el tema de los derechos humanos fue el partido más cercano a Pinochet, la Unión Demócrata Independiente (UDI), que con su lema del “partido popular” chileno quiere navegar por las aguas de la tienda de Aznar. La UDI propuso mejorar los beneficios económicos que los parientes de las víctimas reciben, rebajar penas a quienes entreguen información, que los jueces puedan declarar la muerte del desaparecido y terminar con la figura del secuestro permanente e indultar a quienes lleven diez años encarcelados por actos terroristas cometidos después de la recuperación democrática en 1990.
La audaz movida de quienes nunca han pedido perdón por su participación en la dictadura ocasionó entre sorpresa e indignación en los partidos de centro e izquierda y en la AFDD, aunque puso a todos de cabeza a elaborar sus propias propuestas, que han presentado al presidente. Lagos recibió al líder de la UDI en La Moneda y valoró que después de tantos años la derecha admitiera por fin que hubo violaciones a los derechos humanos. La AFDD y los socialistas criticaron la pretensión de la derecha de canjear “justicia por dinero” y, sobre todo, la de intentar un punto final, al terminar con la interpretación impuesta por la Corte Suprema durante el caso Pinochet, de que mientras no aparezca el cuerpo del detenido desaparecido, se sigue cometiendo un secuestro.
La aplicación de esta interpretación –que Cheyre rechaza– ha permitido a los jueces con dedicación especial a los casos de derechos humanos esquivar la ley de amnistía de la dictadura, aumentando el número de militares procesados. Pero éstos no han permitido recuperar los cuerpos de los desaparecidos o conocer su destino final. Varios jueces que determinaron los lugares donde fueron sepultadas clandestinamente las víctimas después de ser torturadas en cárceles secretas o cuarteles, sólo encontraron pequeños restos óseos en las excavaciones.
Un nuevo velo macabro se está descorriendo. Después del horror público que causó el primer hallazgo de víctimas, en la dictadura, equipos del ejército se dedicaron a exhumar los restos, para trasladarlos a otros lugares desconocidos y asegurarse que nunca fueran encontrados. La práctica se extendió desde 1978 y hasta 1990, al inicio de la democracia, según abogados de derechos humanos. La jueza Amanda Valdovinos, que investigó el destino de 14 detenidos el día del golpe en La Moneda, encontró 500 fragmentos óseos donde fueron asesinados, una fosa del fuerte Arteaga del ejército. Los militares sacaron los restos en dos helicópteros, arrojaron una parte al mar y otra a un entierro secundario. El martes la jueza afirmó que estaban identificados quienes hicieron las remociones y las autoridades que lo sabían.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.