El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, condenado el viernes pasado a 80 años de prisión por genocidio, comparecerá hoy ante el tribunal que lo juzgó, en una audiencia sobre “reparación de víctimas”. Ríos Montt, ahora recluido en una cárcel dentro de un cuartel militar en la capital, y las otras partes del proceso están citadas para hoy ante el tribunal que preside la jueza Jazmín Barrios, anunció el Ministerio Público.

“A lo largo de las audiencias observamos que los testigos, al narrar lo ocurrido en sus comunidades y referir la forma en que murieron sus familiares, concluyen en el clamor por que se les haga justicia y la exigencia de que estos hechos no se vuelvan a repetir. Eso encaja perfectamente en el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de los hechos, lo cual constituye un derecho de las víctimas, razón por la cual se convoca a la audiencia del lunes 13 de mayo (por hoy) para establecer lo relativo a la reparación de las víctimas”, señaló el Tribunal en un informe.

Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio por el asesinato, durante su mandato de facto entre 1982 y 1983, de 1771 indígenas de la etnia maya ixil en el departamento Quiché, en el norte del país, en 15 matanzas documentadas. La condena llega a 80 años de prisión: 50 por el genocidio contra indígenas ixiles y 30 por crímenes contra la humanidad. El ex jefe de Estado de facto de 86 años amaneció anteayer por primera vez en prisión después de que el Tribunal de Sentencia revocara su arresto domiciliario.

Sin embargo sus abogados analizan la condena, que, según Francisco García, el jurista que defendió al general en la recta final del juicio, contiene muchas ilegalidades. “Confiamos en que la sentencia se caerá por su propio peso porque es insostenible”, dijo García, quien reseñó que siguen pendientes de resolver ocho recursos de amparo y cuatro por inconstitucionalidades en el proceso.

Por otro lado, desde Londres, la organización Amnistía Internacional (AI) aplaudió la condena, que evaluó como una medida histórica en la lucha por la justicia en Guatemala y un ejemplo para América latina. En su comunicado, la ONG recordó que, en 1999, una comisión de la verdad respaldada por la ONU determinó que unas 200 mil personas murieron o desaparecieron durante los 36 años de conflicto interno en Guatemala (1960-1996), un 80 por ciento de ellos indígenas mayas. “Con esta condena, Guatemala lidera con el ejemplo en una región donde la impunidad de crímenes pasados es tristemente la norma”, remarcó Sebastián Elgueta, experto en Guatemala de AI.

En tanto, una de las ONG querellantes reclamó ahora que el Ministerio Público (MP) investigue la declaración de un testigo que incriminó al presidente Otto Pérez Molina en el genocidio de ixiles. “El MP recibió un mandato del tribunal para continuar con las investigaciones por genocidio, y el actual presidente de Guatemala es un primer mencionado”, señaló Carmen Ibarra, directora del Movimiento pro Justicia.

Pérez Molina, general retirado del ejército, fue mencionado por un testigo protegido del MP en una de las audiencias y señalado de haber participado en las matanzas de los habitantes de comunidades ixiles de Quiché, bajo el seudónimo de mayor Tito Arias. El mandatario, que sostiene que en Guatemala no hubo genocidio, reconoció el uso de ese nombre en clave, pero alega que el testigo es falso y niega su participación en los hechos.

El viernes, cuando la presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, leyó la sentencia contra Ríos Montt, estableció en un apartado la continuación de la investigación en contra de las demás personas que pudieron haber participado en los hechos que se juzgaron.

Ibarra recordó que Otto Pérez, tal como lo reconoció el propio mandatario guatemalteco, actuó en el terreno ixil. “¿Cuáles tareas cumplía? No lo sé, por lo que el MP deberá investigar con las evidencias a su alcance y si existe prueba documental, como libros, documentos, videos o fotos”, dijo.

Además, Ibarra subrayó que el mandato hecho por el Tribunal al ministerio no sólo abarcaría al presidente y a los comandantes en la zona ixil de Guatemala. “Las matanzas contra la población civil eran parte de una política contrinsurgente que se desarrollaba con el control desde la presidencia o de la jefatura de Estado, pero en la que también hubo sectores que la validaron política o financieramente”, dijo Ibarra.