Desde Bogotá

Los negociadores del gobierno y la guerrilla lograron avances históricos, dijo Lozano.
Imagen: EFE.

Luego de llegar a un acuerdo en el tema agrario, el gobierno de Colombia y las FARC iniciaron hace unos días, en la mesa de diálogo de La Habana, las negociaciones sobre la participación política de la guerrilla. Los otros tres puntos a negociarse son: drogas, abandono de las armas y reparación a las víctimas. Sobre lo avanzado y lo que se viene en el proceso de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla, Página/12 dialogó en Bogotá con Carlos Lozano, dirigente y candidato del Partido Comunista al Senado de Colombia, uno de los cuatro voceros nacionales de Marcha Patriótica, movimiento que agrupa a distintas organizaciones de izquierda, y director del semanario Voz, órgano oficial del PC colombiano. –¿Cuál es su balance del proceso de paz entre el gobierno y las FARC?

–Sin duda, este es el proceso de paz con las FARC en el que más se ha avanzado. Por primera vez el acuerdo se sustenta en una agenda política y se comienza por ahí. Lo avanzado hasta ahora es histórico.

–¿Cómo ve las negociaciones iniciadas hace unos días sobre el tema político, luego de un primer acuerdo en el punto agrario?

–El gobierno tiene una idea equivocada de la negociación en este tema, cree que lo va a resolver diciéndoles a las FARC que si hay un acuerdo podrán ir al Congreso. Encontrar los mecanismos para que la dirigencia de las FARC participe en la política legal no es el tema central. El problema principal es la democracia, que no existe en Colombia, porque en este país no hay garantías iguales para todos. Lo primero es la reforma política.

–¿Qué debería incluir esa reforma política?

–No hay un estatuto de la oposición que establezca sus derechos y garantías como manda la Constitución de 1991. La izquierda puede participar en las elecciones, pero en una desventaja enorme, porque no tenemos los mismos recursos económicos, no tenemos el mismo acceso a los medios de comunicación, no tenemos garantías, estamos amenazados y muchos compañeros nuestros han sido asesinados. La reforma política electoral debe garantizar una igualdad para que todos participemos en las mismas condiciones: tengamos los mismos derechos, la misma seguridad para hacer política, el mismo acceso a los medios, el mismo financiamiento.

–¿Qué tan factible ve un acuerdo para una reforma política?

–Si el gobierno está dispuesto realmente a facilitar un proceso de democratización de la vida nacional, un acuerdo es posible. Debe haber una Asamblea Constituyente para refrendar esta reforma política y darle rango constitucional a los acuerdos de paz.

–¿Cuál es la trascendencia del acuerdo en el tema agrario?

–Este es un acuerdo trascendental, histórico. Ha tenido un gran impacto político en el país, lo ha llenado de confianza de que sí es posible avanzar cuando hay voluntad política. Lo agrario es un tema central, fundamental, el origen de las FARC está ahí, es algo de vital importancia. El poder dominante se ha negado durante años por la violencia a una reforma agraria democrática. Esta es una deuda histórica gigantesca, y es la causa primaria de este conflicto armado.

–En este acuerdo no hay una definición sobre el problema del latifundio.

–En este primer acuerdo en el tema agrario hay, según información que tengo de fuentes de las FARC y del gobierno, tres puntos que han quedado pendientes y que se ha acordado negociar más adelante: uno es el problema de la tenencia de la tierra que tiene que ver con los latifundios, y los otros dos son las zonas de reservas campesinas donde hay un desencuentro en la cantidad y la explotación minera y energética. Más que por la profundidad de las transformaciones que se proponen, el acuerdo agrario es histórico porque por primera vez se llega a un acuerdo sobre un tema específico, y por la deuda pendiente que tiene la clase dominante colombiana con el campo. Por primera vez se da el acceso a la tierra a los que no tienen tierra. Es un hecho que va a haber una redistribución de la tierra y eso va a obligar, no a quitarles tierras a los latifundistas, pero sí va a obligar al Estado a replantear el tema.

–¿Cómo se replantearía el problema de la tenencia de la tierra?

–Si el gobierno y la oligarquía tienen voluntad política y de paz se pueden encontrar fórmulas alternativas para una redistribución de la tierra que reduzca la concentración de su propiedad. Algunas fórmulas son relativamente fáciles, como repartir a los campesinos los terrenos baldíos y las tierras ilegales, pero también hay otras formas para la entrega de tierras a los campesinos, como a través de las zonas de reserva campesina, la ampliación de la frontera agrícola que es algo muy importante, o la compra de tierras a los latifundistas por parte del Estado para entregar esas tierras a los campesinos. En este acuerdo se señala que se dará a los campesinos asistencia técnica, dinero, educación, salud, vías de comunicación. Este acuerdo que genera mejores condiciones en el campo, mejores condiciones de organización, y mucho más si viene acompañado de un acuerdo general para la paz, le genera un compromiso de movilización popular al movimiento agrario colombiano para luchar por esa transformación del latifundismo, que es la lucha de toda la vida.

–¿Qué pasará con los juicios abiertos a los miembros de la guerrilla?

–Este es un tema complejo, que el gobierno tiene que conversarlo con la comunidad internacional, Colombia no lo puede resolver solo, tenemos la Corte Penal Internacional. Creo que esto se puede resolver, por ejemplo, mediante una Comisión de la Verdad. Las FARC ya han avanzado en eso: han dicho que están dispuestos a hablar de los errores. El gobierno dice que la guerrilla tiene que responderle a las víctimas, pero ¿y las víctimas del Estado? No se puede decir que Timochenko (jefe de las FARC) vaya a la cárcel y (el ex presidente) Alvaro Uribe, el fundador del paramilitarismo, se quede feliz en su casa, como hasta ahora. Hay un sector que dice que paz sí y que los guerrilleros pueden participar en política, ir al Congreso, pero después de pasar primero por la cárcel.

–¿Un acuerdo en ese sentido es viable?

–Eso creo que es inviable. Las FARC no lo van a aceptar. Nadie va a ir a un proceso de paz para llegar a un acuerdo político para irse a la cárcel. Yo no digo que tenga que haber impunidad, pero creo que sin indultos o amnistía no será posible un acuerdo de paz. Creo que se puede pensar en penas alternativas, que no impliquen pena de cárcel.

–¿El presidente Santos se está jugando a fondo por el proceso de paz?

–El presidente Santos no se está jugando por el proceso de paz. La falta de cohesión del gobierno para marchar a la paz es la principal amenaza al proceso de paz. El presidente Santos ha venido haciendo demasiadas concesiones a los enemigos del proceso de la paz, los que están dentro y fuera del gobierno.